Organizaciones civiles que impugnaron la elección judicial del 1 de junio acusaron que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está reteniendo de manera indebida un expediente que impugna la reciente designación de sus integrantes, a pesar de que la Constitución establece que dicha controversia debe ser resuelta exclusivamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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Los representantes de Poder Ciudadano, Proyecto Justicia Común, Laboratorio Electoral, Consejo Nacional de Litigio Estratégico, Electoralista, y Práctica: Laboratorio para la Democracia precisaron que el 19 de junio presentaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) un juicio de inconformidad en contra de los acuerdos que validaron los resultados de la elección extraordinaria de magistradas y magistrados de la sala superior del TEPJF.

Precisaron que los artículos 50 y 53 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral señalan claramente que estos casos deben ser remitidos directamente a la SCJN.

“Este caso es una muestra más del patrón de regresión institucional que ha caracterizado a la actual integración de la sala superior del TEPJF, cierre progresivo del acceso a la justicia electoral, debilitamiento de las garantías jurisdiccionales mínimas y desprotección de los derechos colectivos que busca defender la ciudadanía”, dijeron.

Precisaron que el INE turnó el expediente a la propia sala superior del TEPJF, pese a que la ley es muy clara, y en un acto sin justificación legal, el tribunal no sólo recibió el caso, sino que además lo asignó a la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Desde entonces, el expediente ha sido retenido por el TEPJF sin que exista motivo legal para ello, incumpliendo de manera flagrante con la obligación de remitirlo de forma inmediata a la Corte.

Detallaron que la sala superior sigue sin enviar el expediente a su destino legal, en lo que califican como una grave violación al derecho de acceso a la justicia, al principio de legalidad y al debido proceso establecidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Esta retención injustificada, constituye una interferencia institucional indebida y un intento evidente de obstaculizar la revisión constitucional de una elección que involucra a los propios integrantes del tribunal, lo que pone en entredicho su imparcialidad y su compromiso con la legalidad democrática“, acotaron.

Ante este panorama, las organizaciones exigieron la remisión inmediata del expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la única instancia constitucionalmente competente para resolver esta controversia.

RECHAZAN RETENCIÓN

A su vez, el Tribunal Electoral del Poder Judicial explicó que el pasado 9 de julio, la sala superior determinó, tras una discusión entre sus cinco integrantes, posponer para un mayor análisis un proyecto que propone, entre otros aspectos, remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una serie de motivos de inconformidad relacionados con la elección de magistraturas de la propia Sala Superior y de las salas regionales, promovido por distintos actores.

Precisó que las cinco magistraturas estuvieron de acuerdo en analizar con mayor profundidad la posibilidad jurídica de separar el estudio de las demandas por dos autoridades distintas, en este caso la SCJN y el TEPJF.

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“De ninguna forma se trata de una retención de este asunto, sino de un análisis para establecer las vías para ser remitidos conforme lo establece la Constitución“, respondió.