De acuerdo con estadísticas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde el año 2017 se ha registrado la desaparición de 5 mil 274 niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México, pero para agosto de 2024 se reporta que mil 167 siguen desaparecidos o no localizados.

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En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Infancia o Día Universal del Niño que tiene lugar el 20 de noviembre, diputados del PAN presentaron una iniciativa para reformar el artículo 171 del Código Penal para el Distrito Federal, con la que busca aumentar la pena mínima por el delito de sustracción de menores a 10 años de prisión y la máxima a 20 años, mismas que hoy se encuentran en 3 y 7 años, respectivamente.

La diputada Laura Álvarez Soto explicó que la Ciudad de México enfrenta una crisis en materia de desaparición de menores, que ha venido creciendo en los últimos años y recalcó que uno de cada 3 niñas, niños y adolescentes desaparecidos de los que se tienen registro proceden de la Ciudad de México.

Las alcaldías de Iztapalapa y Gustavo A. Madero concentran el 33 por ciento de estos casos, lo que evidencia la magnitud del problema. El 80 por ciento de los menores desaparecidos son adolescentes entre 12 y 17 años; dos de cada tres son mujeres, lo que refleja un preocupante sesgo de género en estos casos.

“Atender este problema que afecta a la niñez y también a sus familias es algo que ya no puede esperar. Reconocemos que no basta con endurecer las penas, sino que este es un primer paso, pero un paso firme para garantizar su seguridad”, señaló por su lado el coordinador de los diputados del PAN, Andrés Atayde.

En tanto, la diputada Álvarez Soto reiteró que no basta con protocolos y buenas intenciones, pues necesitamos leyes que fortalezcan nuestra capacidad de respuesta y que aseguren un entorno seguro para nuestras niñas y niños. “Por eso, propongo elevar las penas por la sustracción de menores, para que quien cometa este delito sepa que enfrentará las consecuencias más severas, que quien pretenda robarse un niño termine en la cárcel”, concluyó.

Por su parte, Guillermo Donaldo, director general de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, IAP advirtió que la sustracción por persona ajena o robo de niños requiere de toda la atención ya que se ha incrementado entre menores de 0 a 6 años y en adolescentes de los 12 a los 17 años que son presa del delito con fines de trata o de crimen organizado.

“Elevar las penas es necesario, pero también las Fiscalías deben hacer su parte, no hay justificación para que a los padres o familiares se les pida esperar 72 horas para iniciar una denuncia. La autoridad debe actuar de inmediato”, señaló.