PATRICIA RAMIREZ
Foto: Cortesía Artículo 19
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó el caso Ayotzinapa aseguró que antes y durante los hechos trágicos en que desaparecieron los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, además de las comunicaciones con las autoridades, existen comunicaciones con otras personas que están debidamente identificadas en el peritaje, pero por ser materia de investigación no se ponen sus nombres en el informe, aunque hay elementos para decir que son sedes de Sedena “no institucionalizadas”.
Al presentar su sexto y último informe, antes de dejar el país, explicaron que la noche del 26 de septiembre de 2014 los militares tuvieron comunicación con el C4 de Iguala en diferentes momentos y también estuvieron en el palacio de Justicia de Iguala.
Angela Buitrago y Carlos Beristain explicaron que encontraron 16 documentos, pese a las trabas de autoridades militares, que revelan un gran número de llamadas en esa noche que revelan el entramado del Ejército en la operación.
Asimismo, declaran no hay condiciones para que puedan continuar sus labores, pues el riesgo que han enfrentado es que la mentira se institucionalice como respuesta, lo cual es inaceptable.
Carlos Beristain señaló que el desafío ha sido monumental y esta ha sido una investigación compleja debido a que en el inicio los testimonios recabados se obtuvieron bajo tortura.
Detalló que este último informe muestra los distintos niveles de responsabilidad de todas las autoridades involucradas en la desaparición de los 43 estudiantes.
Ángela Buitrago señaló que dos condiciones que explican que la tragedia de Iguala pudiera darse, corrupción con el narcotráfico y crimen organizado de autoridades y la visión contra insurgente que estigmatizó a los estudiantes.
Dejó en claro que no hay ningún indicio que señale relación de los estudiantes con el narcotráfico, al contrario la investigación del GIEI muestra la colisión de autoridades de iguala, Taxco, Cocula, entre otros municipios. Contrario a lo que señaló el Estado.
Además, recomendaron al Estado mexicano brindar protección efectiva a los testigos del caso, quienes han sido perseguidos, amenazados e incluso han muerto personas que han contribuido con información vital para el caso.
Brindar protección a los fiscales que sí han cumplido con su labor, y con ello facilitado las investigaciones del caso.
Se requiere que la Fiscalía General de la República opere con completa independencia.
Atención integral a las familias de los sobrevivientes, cuya salud física y mental se ha ido deteriorando con el paso de los años.
