PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

Los once consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) cerraron filas para rechazar el Plan B de la reforma electoral que analiza el Congreso de la Unión y las dos leyes que ya fueron avaladas y publicadas, por atentar contra la integridad de los procesos electorales.

Ante esto, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello precisó que acudirá a todas las instancias legales para defender la democracia, garantizar el derecho de toda la ciudadanía, incluidas minorías y también, por supuesto, mayorías a participar en el futuro del país y el derecho de cada ciudadana y ciudadano a ejercer el voto libre y que éste sea bien contado y cuente para la conformación democrática del poder político en México.

Al anticipar que de aprobarse estas reformas legales el organismo electoral acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), precisó que las disposiciones legales planteadas por el gobierno y su mayoría parlamentaria implicaría un aumento en el número de litigios poselectorales y potenciales nulidades de votación en casilla, lo que pondría en riesgo la estabilidad política y gobernabilidad democrática.

“De aprobarse en esos términos, debemos prepararnos para vivir en 2024 semanas de conflicto ante lo que podría ser una evidente inequidad en el desarrollo de las campañas y una inevitable incertidumbre en los resultados de dichos comicios”, sentenció.

Asimismo, esta sería la primera reforma regresiva de nuestra democracia y estaremos en la antesala de una inédita incertidumbre preelectoral y postelectoral en la que será, en 2024, la elección más grande de nuestra historia.

“La reforma afecta gravemente las posibilidades del ejercicio del voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad, con regularidad y certeza.

Es decir, impacta en la recreación misma de nuestra democracia, tal como se ha construido, colectivamente, a lo largo de tres décadas por varias generaciones de mexicanas y mexicanos”, sentenció.

En este contexto, apeló a la responsabilidad con la República y con la estabilidad política del país de quienes tendrán que resolver sobre la constitucionalidad y legalidad de las reformas del Plan B.

Durante la sesión de este miércoles, el consejo general recibió el informe sobre la incidencia en la función electoral de los decretos de reforma que modifican las leyes generales de Comunicación Social, de Responsabilidades Administrativas, que fueron publicadas el 27 de diciembre de 2022, así como de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuyo proceso legislativo continuará a partir del 1 de febrero, y que son conocidas por la opinión pública como Plan B.

El documento señala que las reformas legales en curso trastocan la estructura de los órganos ejecutivos del INE en los 300 distritos electorales y en las 32 entidades federativas, los procedimientos de capacitación y organización electoral, los avances para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género y las acciones afirmativas para potenciar la representación política de núcleos de la población tradicionalmente desfavorecidos.

Además se señalan consecuencias en materia de fiscalización de los ingresos y gastos de los actores políticos, el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos, la protección de los datos personales de la ciudadanía, los derechos laborales de quienes integran el Servicio Profesional Electoral Nacional y la Rama Administrativa de los Organismos Públicos Locales, así como el respeto al pacto federal y la libre configuración legislativa de las entidades federativas que se ven afectados en diversa graduación por las reformas electorales.