La presidenta de México continúa tejiendo una relación compleja y peligrosa con su homólogo norteamericano. Con el ánimo de defender la independencia y soberanía, persiste la negativa de colaborar más allá de la coordinación con agencias de seguridad estadounidenses.

En los últimos días se han publicado imágenes del secretario Omar García Harfuch con los titulares de la DEA y el FBI, que buscan comunicar al pueblo de México que la “coordinación sin subordinación” es cada vez más estrecha y cordial.

Sin embargo, recordemos que en el periodo del presidente Felipe Calderón con su secretario de seguridad Genaro García Luna, considerado el “mejor policía del mundo”, se difundieron reconocimientos, premios y declaraciones de respaldo de Estados Unidos hacia el hoy procesado exfuncionario, cuyas pruebas de descargo fueron desechadas como documentales sin valor.

Lo anterior reafirma la vigencia de la frase del político británico Lord Palmerston:
“No tenemos aliados eternos ni enemigos perpetuos; nuestros intereses son eternos y es nuestro deber seguirlos”.

Para el gobierno federal mexicano, la soberanía representa el poder conferido por el pueblo a la Presidenta para definir los alcances de las relaciones internacionales. En cuanto a la independencia, se entiende como la capacidad del Estado mexicano para decidir su forma de gobierno sin subordinación extranjera.

A partir de ello, se observa que la mandataria ha ajustado ambos conceptos para “hacer cambios para no cambiar”, en un contexto donde la delincuencia organizada global exige un abordaje integral. La ineficiencia y corrupción, junto con el desmantelamiento de instituciones de seguridad, han generado una normalización del delito organizado, haciendo urgente una cooperación internacional profunda.

El tiempo avanza y la paciencia del presidente Donald Trump parece agotarse. Un ejemplo fue la ausencia de México en la Cumbre Escudo de las Américas, enfocada en crear una coalición regional contra el narcotráfico, incluso con participación de las Fuerzas Armadas.

En dicha cumbre participaron 12 países, pero estuvieron ausentes cinco, incluido México, algunos con intereses antagónicos a Estados Unidos, como Venezuela y Cuba, que han estado en el radar de intervención militar. Por su parte, Brasil anunció una inversión en el fortalecimiento de sus Fuerzas Armadas ante posibles amenazas externas.

México, con esta ausencia, adopta una posición poco clara frente al combate de la delincuencia organizada, uno de los principales flagelos globales, manteniendo una estrategia de seguridad que parece girar sobre su propio ciclo de violencia.

Se dice que “ni queríamos ir ni que nos invitaran”, mientras la seguridad interna continúa comprometida.