Tras el fracaso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar una parte de la reforma judicial, esta semana se abrirá un nuevo frente de polémica, pues la Cámara de Diputados aprobará otra reforma constitucional, para desaparecer siete órganos autónomos.
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Ante las críticas de que la eliminación de algunos de estos organismos, como el INAI y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), violarían cláusulas del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) los legisladores de Morena buscan blindar esta reforma constitucional para que las áreas que asumirán las funciones de estos organismos tengan autonomía financiera y técnica, y que sus determinaciones no sean impugnadas.
El dictamen establece que los entes públicos deberán ajustar sus estructuras orgánicas y ocupacionales, de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana.
Asimismo, el dictamen, que reforma 14 artículos constitucionales, señala expresamente que la economía y ahorros que se generen con la extinción de estos entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que ya está en operación y que los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad, en términos de la legislación aplicable.
En los casos de la Cofece y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se determina que se supriman las referencias a ambos organismos y se transfieran sus facultades al Ejecutivo federal, aunque legisladores aseguran que se garantizará que sus resoluciones no podrán ser recurridas en el marco del T-MEC, porque tendrán independencia para emitir sus fallos. Además, con ambos se busca crear una agencia antimonopolios que cuente con atribuciones de vigilancia, frene abusos y quede enmarcado en el Capitulo 21 del tratado.
Las reformas también extinguen los organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.
Asimismo, otorgan al INE la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos.
Por tanto los órganos a desaperecer son: INAI, Cofece, IFT, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); Comisión Reguladora de Energía (CRE); Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Otras dos reformas
Además de esta modificación al artículo 19 de la Carta Magna establecen que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas conforme a las leyes aplicables.
En los casos de defraudación fiscal, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos fijados por la ley.
El otro tema que se abordará la reforma los artículos 3º, 4º y 73 de la Constitución, en materia de protección y cuidado animal.
El documento, que deriva de una iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo federal, y diversas propuestas de diputadas y diputados, establece en el artículo 3º que en los planes y programas de estudio que imparta el Estado se incluyan conocimientos sobre la protección de los animales. También, en el artículo 4º señala que queda prohibido el maltrato a los animales.
Llega el presupuesto
El próximo viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará a la Cámara de Diputados el paquete económico 2025, que rebasará los siete billones de pesos y que planteará una reducción importante en el déficit fiscal.
La iniciativa de Ley de Ingresos, proyecto de Presupuesto de Egresos y los Criterios Generales de Política Económica.
El diputado Carol Antonio Altamirano aseguró que el compromiso es que haya recursos suficientes para los programas sociales que ya existen y los que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.
Detalló que el objetivo es garantizar los programas sociales y garantizarlos sin que haya incremento de los impuestos, sin crear nuevos impuestos y reduciendo el déficit fiscal.
Avanzan amparos
En tanto, los centenares de amparos que han interpuesto jueces, ministros, magistrados y trabajadores del poder Judicial continúan su curso, aunque después del revés que significó el voto de ministro Alberto Pérez Dayán, que impidió la invalidez de la reforma judicial, tardarán todavía un tiempo en llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 20 días se quedará sin un ministro, pues Luis María Aguilar concluye su periodo el 30 de noviembre.
De manera paralela, los inconformes le apuestan a los tribunales internacionales para tratar de obtener una condena contra el Estado mexicano, para que dé marcha atrás a la elección de los integrantes del poder Judicial, lo cual se antoja prácticamente imposible.