Tras una larga discusión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 483 votos la reforma a los artículos 4 y 27 constitucional en materia de bienestar, con las cuales se reduce de 68 a 65 años la edad de las personas adultas mayores para recibir una pensión por parte del Estado y se establece una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente, menores de 65 años.

Las modificaciones al artículo 4º establecen que la Federación y las entidades federativas garantizarán la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años, además garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente dando prioridad a las personas menores de 18 años de edad.

Asimismo, el Estado garantizará la entrega de un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas; un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala, y un apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala.