El Congreso de la Unión aprobó ayer viernes, en periodo extraordinario, una reforma a ocho ordenamientos legales con el fin de prorrogar el plazo para la entrada en vigor de la reforma a la Ley Laboral en materia de subcontratación u outsourcing, sin embargo, pese a la expectativa de que el plazo fuera hasta el 1 de enero de 2022, los legisladores sólo dieron luz verde a hacerlo por un mes, es decir el 1 de septiembre.

En medio de recriminaciones, el pleno de la Cámara de Diputados avaló el dictamen en lo general con 373 votos a favor, 71 votos en contra y 2 abstenciones, con lo que se modifica lo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de abril de 2021.

Sin embargo, legisladores de oposición advirtieron que este plazo es insuficiente y que tendrán que revisarlo nuevamente dentro de un mes, porque los empresarios no podrán cumplir, ante las trabas burocráticas que se les imponen y los retrasos generados por la pandemia por el Covid19.

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la panista Patricia Terrazas Baca, refirió que las cifras institucionales señaladas por el IMSS establecen que a la fecha dos millones 300 mil empleados han pasado del esquema de subcontratación a formar parte de las empresas a las cuales prestaban sus servicios.

Al fundamentar el tema, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, señaló que este es parteaguas en la reivindicación de los derechos laborales de quienes han desarrollado sus funciones bajo el esquema de la ya desaparecida figura jurídica de la subcontratación.

Por su lado, los diputados del PRD acusaron que para la IP el plazo es solo de un mes para dar cumplimiento, mientras que el gobierno, principal contratante, se dio un año.

De acuerdo con datos de Coparmex, agregó, al menos 400 mil empresas usan esquemas de subcontratación y, a julio, faltaban más de 350 mil compañías por registrarse en el Sistema que ha tenido diversos problemas de saturación e –incluso- si uno intentara registrar una nueva firma en este momento, no podría porque el servicio lleva tres días suspendido.

La diputada panista Laura Rojas sentenció que la reforma en materia de subcontratación laboral tenía una buena intención, pero fue mal confeccionada desde su origen y atentaba contra la seguridad laboral.

Expuso que 3.1 millones de trabajadores de empresas micro, pequeñas y medianas están en riesgo porque no se han podido subsanar los trámites ante la Secretaría del Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sistema de Administración Tributaria.

En el caso de los servicios especializados u obras especializadas cuyo acuerdo fue publicado el 24 de mayo de 2021 emitido por la STPS, a la fecha existen 70 mil empresas que han ingresado al registro.

En contraposición, la diputada de Morena, Guillermina Alvarado Moreno señaló que en quince años el número de personas contratadas bajo la figura de outsourcing aumentó en un 235 por ciento, lo que refleja la nula prioridad que tenían los gobiernos neoliberales para con las y los trabajadores.

Sin embargo, lamentó que no toda la clase empresarial actúa de la misma manera y existan algunos que quieran evadir su responsabilidad alargando los plazos con el fin de beneficiarse únicamente ellos.

Por la tarde-noche de ayer, el Senado de la República hizo lo propio al aprobar con 85 votos a favor y 22 en contra el dictamen.

El decreto se turnó al Ejecutivo Federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrará en vigor al siguiente día de su publicación.

Durante el debate, Kenia López del PAN se pronunció contra la prórroga, pues este plazo de la reforma no se puede cumplir y no va a ser posible; argumentó que lo que sucederá es que los mexicanos estarán en posibilidades reales de perder su empleo.

Mencionó que hay datos que de que 4.5 millones de mexicanos están bajo la figura de la tercerización, vamos suponer que es real esto que ha dicho el gobierno federal que el 30 por ciento de ellos ya han logrado registrarse, lo que significa que 3 millones no lo han hecho, y sólo se les va a dar 30 días para este proceso.

En este sentido, consideró adecuado realizar la ampliación de los plazos referidos, hasta el 1 de septiembre de 2021, con el propósito de generar condiciones propicias tendentes al cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el marco jurídico vigente.

La mayoría de Morena manifestó que ampliar el plazo hasta enero de 2022, como lo proponía el PAN, iría contra el espíritu del decreto, publicado el 23 de abril de 2021, ya que significa dar cabida a continuar con violaciones de derechos laborales que se mantuvieron por décadas y se pretenden eliminar.