PATRICIA RAMÍREZ
Foto: Congreso Ciudad de México
Por unanimidad, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas legales para incluir la llamada ley 3 de 3 contra la violencia, que cierra el acceso de los cargos públicos y los de elección popular a personas violentadoras de mujeres o deudores alimentarios.
Las modificaciones a la Constitución Política y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México señalan que serán requisitos de elegibilidad en cargos de elección popular no tener antecedentes de violencia, deuda alimentaria o acoso sexual.
El dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas armoniza la legislación local con los federales que señalan que ninguna persona agresora o ausente con sus responsabilidades alimentarias es idónea para ejercer cargos públicos.
La Constitución se reformó para señalar los requisitos de elegibilidad en cargos de elección popular, y especifica que ninguna persona podrá ejercer empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni registrarse como candidata a cargos de elección popular cuando tenga sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida o integridad corporal, contra la libertad, seguridad sexual y normal desarrollo psicosexual; por delitos de violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, y violación a la intimidad sexual; por violencia política contra mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades; o si está en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Asimismo, se adiciona un párrafo artículo 27 de la Constitución local, para establecer los mecanismos necesarios que permitirán a los partidos políticos garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género en sus procedimientos.
La diputada perredista Gabriela Quiroga Anguiano recalcó que esta reforma es un compromiso colectivo para cambiar el rumbo de la ciudad y construir un entorno en que las mujeres ejerzan sus derechos sin miedo ni violencia, y recalcó que es resultado de una larga lucha feminista para evitar que un agresor llegue al poder.
La coordinadora de los diputados de Morena, Martha Soledad Avila Ventura, subrayó que este dictamen busca evitar que los agresores de mujeres ocupen cargos públicos en cualquiera de las instituciones de la capital, y representa un avance legislativo en contra de la impunidad de quienes cometen delitos por razones de género; y es una conquista del movimiento feminista para erradicar todas las formas de violencia.
La diputada Elizabeth Mateos Hernández pidió acciones contra la violencia política de género, que afecta en forma desproporcionada a las mujeres. “La violencia de género no sólo atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres, sino que también limita nuestra participación y representación en la toma de decisiones”, dijo.
La priista Mónica Fernández César (PRI) destacó que la Ciudad de México vuelve a ser vanguardia en la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres.
