Patricia Ramírez / Ovaciones 

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El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó las reformas legales para tipificar como delito la corrupción inmobiliaria y que establecen sanciones de 10 a 20 años
de prisión a la persona servidora pública que permita la construcción de inmuebles o la construcción de pisos adicionales que no cumplan los requisitos legales.

Esta pena se incrementará en una mitad cuando las conductas previstas produzcan beneficios económicos, ya sea en efectivo o en especie a la persona funcionaria, su cónyuge, descendientes o ascendientes, socios, o sociedades de las que el servidor público o las personas referidas formen parte.

En medio de la investigación de las autoridades de justicia de la Ciudad de México del llamado Cartel Inmobiliario, al fundamentar el dictamen, el diputado José Octavio Rivero Villaseñor, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, indicó que se busca sancionar como un delito cuando funcionarios públicos permiten o toleren por
acción u omisión la construcción de inmuebles sin los requisitos establecidos por la ley.

“Se busca evitar que en el futuro se vuelvan a presentar casos de corrupción inmobiliaria cometidos desde las oficinas de las alcaldías y en general de cualquier oficina gubernamental involucrada con la política inmobiliaria de la ciudad”, agregó.

La coordinadora de los diputados de Morena, Martha Soledad Ávila Ventura, aseguró que es necesario combatir la formación de redes de tráfico de influencias entre personas servidoras públicas, empresarios y notarios, que pasan sobre la ley para la construcción de pisos excedentes a los autorizados por la norma, lo que ha posibilitado la generación de cuantiosas fortunas multimillonarias al amparo de los cargos públicos.