Después de dos propuestas rechazadas, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el proyecto de Presupuesto para 2025, que asciende a 5 mil 922.9 millones de pesos, 2.3 por ciento por encima del de este año y que contempla la reducción de percepciones para 330 funcionarios de alto nivel, incluyendo los 11 ministros de la Corte.

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La propuesta de la presidenta, aseguró, se construyó con base en la configuración organizacional actual de la Suprema Corte y con las necesidades operativas respecto de esa configuración, considerando que estará sujeta, en su caso, a la legislación reglamentaria y secundaria de la Reforma Judicial, lo que eventualmente podrá implicar ajustes en el transcurso del próximo ejercicio fiscal.

El proyecto deberá ser remitido al Ejecutivo federal a más tardar el próximo 5 de noviembre, para que se integre al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025.

Argumentó que para el rubro de servicios personales se destinarán 8 de cada 10 pesos solicitados, pues es el capital humano el factor clave para contribuir en el cumplimiento del objetivo institucional que es la impartición de justicia y, por ello, del total de 3,805 plazas vigentes, dos terceras partes corresponden a personas servidoras públicas que se desempeñan directamente en labores jurisdiccionales y de apoyo a la función jurisdiccional.

Con los 4,813.2 millones de pesos solicitados para servicios personales –que equivalen a una disminución de 4.1%, en términos reales, respecto de lo autorizado para el presente año–, se cubrirán las remuneraciones y prestaciones previstas en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, para garantizar el respeto a los derechos laborales de las personas servidoras públicas.

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También se ajustaron a la baja las remuneraciones de ministras, ministros, así como de los servidores públicos de mando, para cumplir con lo dispuesto en el artículo Séptimo transitorio del mencionado Decreto.

Gasto oneroso

Sin embargo, la ministra Lenia Batres acusó que después de tres sesiones de discusión, no se realizó una sola modificación derivada de las observaciones presentadas.

Acotó que se mantiene la remuneración inconstitucional de ministros y ministras, no se transparenta la totalidad de conceptos que la integran y se suprime únicamente el pago de riesgos y se siguen incluyendo conceptos expresamente prohibidos por la ley.

“No hay medidas de austeridad. Por el contrario, incrementan de manera desmedida e injustificada diversas partidas, como la de obras”, acusó.

Además, no se menciona nada de los seis fideicomisos que tiene la SCJN (de 14 del Poder Judicial), de los que la reforma constitucional ordena extinguir y entregar sus saldos a la Tesorería de la Federación.