El Pleno del Senado de la República aprobó dos reformas en materia de contrataciones públicas. Por una parte, se expidió la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; por otra, se reformó la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Ambas disposiciones fueron enviadas al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

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La reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas fue aprobada en lo general con 66 votos a favor y 23 en contra, y en lo particular con 63 votos a favor y 20 en contra y no se aceptaron las reservas a los artículos 26 Bis, 27 Bis, 1 Quáter, 52 Ter, 74 y Cuarto Transitorio.

El dictamen establece la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas como medio obligatorio para los procedimientos de contratación, salvo en casos excepcionales y justificados.

La plataforma integrará información sobre los programas anuales de obras, registros electrónicos de personas físicas y morales, y contratistas sancionados. Incluirá un módulo de registro con datos de identidad, objeto social y fiscales de los participantes.

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También se incorpora la figura de diálogos estratégicos para que las dependencias expongan los proyectos y se reciban propuestas técnicas y económicas. La ley no aplicará a obras o servicios derivados de programas prioritarios o proyectos ejecutados por la Fuerza Armada Permanente bajo convenios entre entes públicos.

En cuanto a la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, fue aprobada en lo general con 68 votos a favor y 23 en contra, y en lo particular con 66 votos a favor y 23 en contra.

El dictamen prevé la sustitución del sistema CompraNet por la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, la cual permitirá la firma electrónica de contratos y la interconexión con otros sistemas relacionados.

También se establece la Tienda Digital para la adquisición de bienes y servicios de uso común, con procedimientos simplificados. Se incluyen disposiciones para la participación de MIPYMES, cooperativas y grupos de atención prioritaria.

El dictamen plantea restricciones para contratar a personas morales vinculadas a servidoras públicas designadas por el Ejecutivo, a quienes hayan cometido prácticas monopólicas o tengan antecedentes de incumplimiento contractual, y refuerza las facultades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Durante el debate, senadores de distintos grupos parlamentarios presentaron reservas que no fueron aceptadas.