PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro (Archivo)

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó otorgar facultades a la autoridad educativa para resarcir la cancelación del proceso de evaluación de las y los asesores técnicos pedagógicos de tercera y cuarta generación que se vieron afectados por la derogación de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
La presidenta de la Comisión, Flora Tania Cruz Santos, explicó que el dictamen avalado reforma el artículo décimo cuarto transitorio de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019.
Aclaró que esta reforma no tiene la pretensión de sustituir a la autoridad educativa ni de imponer el otorgamiento de nombramientos; simplemente, busca que aquellas maestras y maestros que no concluyeron su proceso conforme a la ley entonces vigente puedan hacerlo.
Agregó que con esta modificación se da respuesta a la demanda de tres mil 500 Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP) en toda la República, que quedaron en la indefensión tras la citada reforma legal.
La diputada priista Sayonara Vargas Rodríguez, consideró que este dictamen defiende las garantías laborales de las y los asesores pedagógicos, toda vez que quedaron en un vacío legal con la reforma del Servicio Profesional Docente. Agregó que la Comisión está comprometida en trabajar en beneficio de este sector, ya que son una figura valiosa del sistema educativo.
La también priista Ana Lilia Herrera Anzaldo dijo que este dictamen atiende una lucha que las y los asesores pedagógicos han tenido que librar, ya que al crearse la nueva legislación en materia educativa se acota la figura de los ATP, volviéndolos temporales con una duración de tres ciclos escolares, por lo que esta reforma permitirá que puedan tener el nombramiento que les corresponde.
El diputado panista Juan Carlos Romero Hicks subrayó que el tema es fundamental, ya que los ATP son invisibles para el sistema educativo y no se ha logrado su incorporación íntegra en el marco normativo ni en las políticas públicas, por lo que estas adecuaciones permitirán que concluyan los procesos de promoción que quedaron en suspenso con la entrada en vigor del decreto de septiembre de 2019.
Además, la Comisión aprobó solicitar un acercamiento con la nueva titular de la secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, a fin de intercambiar puntos de vista que sirvan para los trabajos de la Comisión.