El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad en lo general el dictamen de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que establece que este delito será investigado de oficio. Además, la investigación, persecución y sanción del delito de extorsión estará a cargo de la Federación y se aceptarán denuncias anónimas.

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Los legisladores federales aprobaron reservas para bajar las penas en el caso de funcionarios públicos que no den informes sobre extorsión, para pasar de 10 a 20 años, que era la propuesta original, para pasar de 6 a 12 años en estos casos. Otra modificación fue que los activos recuperados del delito se utilicen para reparar el daño y haya rendición de cuentas de la estrategia nacional contra la extorsión.

Sin embargo, diputados del PAN acusaron que está reserva, a la que llamaron reserva Bermúdez, permitirá que salgan de la cárcel personas ya sentenciadas por este delito.

Los diputados argumentaron que con esta nueva ley se otorgan herramientas jurídicas suficientes para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno prevengan eficazmente la extorsión y empleen técnicas de investigación específicas atendiendo a las particularidades de este delito.

Se establecen penas de seis a 15 años de prisión y multa de cien a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico y se determina a partir de una serie de agravantes como, el cobro de piso, cuando las víctimas son migrantes, menores de edad o en caso de que sea ejecutado por una persona servidora pública.

Junto con esta ley se modifican también disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El dictamen surge de la iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y de once propuestas impulsadas por diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM y PT.

El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, aclaró que es una ley general porque la extorsión no conoce fronteras y hasta hoy cada estado de la República tenía su propia definición y su propio castigo, lo que generaba vacíos, contradicciones y hasta impunidad.

Subrayó que esta ley pone en el centro a la víctima y no al delincuente, y a partir de ahora la extorsión se investigará de oficio, se protege la identidad de las víctimas y testigos, se podrán hacer denuncias anónimas, incluso mediante el número 089, sin poner en riesgo la seguridad personal o familiar.

Puntualizó que la extorsión ya no es solo el lamentable cobro de piso, hoy también se comete por teléfono, por redes sociales, por mensajes de texto o incluso desde dentro de las cárceles, o también como los llamados montachoques y hasta con los préstamos conocidos como gota a gota.