El pleno de la Cámara de Diputados aprobó otra reforma más del Plan C del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la que corresponde a la reforma al artículo 28 de la Constitución para recuperar la rectoría del Estado en materia de transporte ferroviario y para privilegiar el transporte de pasajeros.

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El dictamen avalado y enviado al Senado para su discusión, plantea recuperar la capacidad jurídica del Estado para prestar el servicio público del tren de pasajeros. Asimismo, establece la facultad al Ejecutivo para otorgar concesiones a empresas públicas o particulares, y señala que las que ya cuentan con concesiones para ofrecer el servicio de transporte de carga, se les respete, para que puedan prestar también el servicio de pasajeros.

Esta iniciativa de modificación del artículo 28 constitucional fue avalada por unanimidad de los 472 diputados presentes, después de una discusión de más seis horas, con lo que se declara al sector ferroviario como prioritario para el desarrollo nacional, tanto para el transporte de pasajeros como de carga.

El diputado Ricardo Monreal explicó que con las reformas aprobadas permitirán aminorar los problemas de congestión vial que tienen todas las carreteras del país. Recordó que durante el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León se llevó a cabo la privatización del sistema ferroviario mexicano, y hasta ahora sólo hay transporte de carga.

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En el debate, el diputado panista José Manuel Hinojosa Pérez aseguró que las reformas ya se encuentran establecidas claramente en los artículos 25 y 28 de la Constitución Política. “En el PAN, lo que más nos importa es la dignidad de la persona humana, queremos que todas y todos lleguen a tiempo a sus destinos, estén conectadas y vivan mejor, por eso votamos a favor, pero con reservas para que se garantice la seguridad operativa y pública en el sistema de transporte ferroviario”, dijo.

La diputada María del Carmen Pinete Vargas, del PVEM, expresó que la reforma es una oportunidad histórica que devolverá a las vías ferroviarias la función del transporte de pasajeros, de manera accesible, sostenible y eficaz, y dará al Estado mayor control a través de concesiones a empresas públicas o privadas, anteponiendo el interés nacional y bajo un marco legal para que sea un servicio en constante evolución.