La Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados aprobó dos reformas a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con la que se establecieron criterios mínimos para el retiro de vehículos de carga, así como la incorporación de la Secretaría de las Mujeres como integrante permanente del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial.

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Con 11 votos a favor y seis en contra, la comisión presidida por la diputada por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado Castro, avaló el dictamen que reforma los artículos 44 y 49 de dicha ley.

A partir de esta modificación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones de la Ciudad de México no podrán retirar de circulación unidades destinadas al transporte de carga en términos generales, como se establece en el artículo 48, sino únicamente en casos específicos previamente definidos.

El nuevo texto incorpora una fracción adicional al artículo 49 para precisar que los vehículos de carga podrán ser retirados únicamente cuando representen un riesgo inminente a la seguridad o a la circulación conforme a los reglamentos aplicables, o bien si participan en un siniestro vial, no portan placas, están involucrados en un acto ilícito o si la persona operadora conduce bajo niveles de alcohol superiores a los límites permitidos por las autoridades competentes.

Durante la discusión, Mercado Castro explicó que el objetivo de la reforma es limitar la facultad de las autoridades locales para retirar unidades de carga, a fin de evitar actos de corrupción.

Señaló que contar con supuestos mínimos y claros permitirá reducir impactos negativos en la movilidad y mejorar la seguridad vial en todos los niveles, desde carreteras hasta vialidades urbanas.

Por su parte, el diputado por Morena, Francisco Javier Borrego Adame quien es el impulsor de la iniciativa, denunció que actualmente algunos agentes de tránsito intimidan a transportistas con amenazas de encierro vehicular para exigir pagos irregulares de hasta 20 mil pesos, cuando las multas legales rondan los dos mil.

Agregó que este tipo de prácticas afectan la economía del sector y generan retrasos que comprometen las cadenas productivas de diversas empresas, provocando incluso la cancelación de contratos de transporte.

También hizo referencia a la inseguridad que enfrentan quienes operan estas unidades, al señalar que hay robos frecuentes en carreteras, largas demoras en casetas de peaje y retenes donde prevalecen conductas indebidas por parte de autoridades.

En otra votación, la Comisión de Movilidad aprobó con 17 votos a favor el dictamen que adiciona una fracción al apartado A del artículo 7 de la misma ley, con el fin de incorporar a la Secretaría de las Mujeres como miembro permanente del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial.

La diputada emecista, Patricia Mercado sostuvo que esta integración responde a datos que muestran una alta incidencia de violencia contra mujeres en el transporte. Mencionó que el 95 por ciento de las mujeres entre 15 y 29 años ha experimentado alguna forma de violencia en el transporte público, y que desde 2018 la Organización de las Naciones Unidas ha reportado que nueve de cada diez mujeres en la Ciudad de México han sido víctimas de violencia sexual en espacios vinculados al transporte.

Asimismo, citó datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondientes a diciembre de 2024, según los cuales el 67.7 por ciento de las mujeres se siente insegura en el transporte público, frente al 56.9 por ciento de los hombres.

Con base en esta información, afirmó que la inclusión de la Secretaría de las Mujeres fortalecerá los mecanismos de coordinación interinstitucional y permitirá aplicar de forma más efectiva los principios de movilidad con perspectiva de género que establece la ley.

Indicó también que la Secretaría de las Mujeres emitió una opinión favorable al dictamen, al considerar que su participación directa en el sistema nacional contribuirá a garantizar el derecho a una movilidad segura para mujeres, adolescentes y niñas, y a generar un cambio cultural necesario para erradicar la violencia en espacios públicos y privados vinculados al transporte.

Durante la sesión, la diputada federal emecista señaló que el análisis del dictamen permitió detectar que el artículo 32, fracción III, hace referencia al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), por lo que también se plantea su sustitución por la Secretaría de las Mujeres, a fin de mantener coherencia normativa con la nueva integración propuesta.

Finalmente, la diputada Nancy Aracely Olguín Díaz, del PAN, subrayó que garantizar la seguridad de mujeres y niñas en el transporte es una prioridad y que resultaba impostergable la participación de la Secretaría de las Mujeres en este sistema.

Añadió que la movilidad segura con perspectiva de género es un derecho reconocido en la Constitución que debe traducirse en políticas públicas efectivas, pues actualmente los espacios del transporte público no siempre son seguros, accesibles ni adecuados para las necesidades específicas de mujeres de todas las edades.