PATRICIA RAMÍREZ
Foto: EFE
La Cámara de Diputados inició anoche la discusión de la iniciativa de reformas a leyes secundarias que plantea la desarticulación de diversas áreas del Instituto Nacional Electoral (INE), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el acotamiento de facultades de los organismos electorales para permitir la propaganda electoral presentada como libertad de expresión.
La propuesta entregada personalmente por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a legisladores de Morena, PT y PVEM y remitida de inmediato a la mesa directiva, propone una nueva Ley de Medios de Impugnación, reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos.
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— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 7, 2022
Una iniciativa más de este paquete plantea la modificación a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Entre los principales postulados del paquete de reformas se establece que se fusionarán áreas del INE, desaparece la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral, las 300 oficinas distritales del INE solo funcionarán en periodos electorales, será removido el secretario ejecutivo –mano derecha de Lorenzo Córdova-, y se unifica el programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con el cómputo de la elección, que se realizarán de manera simultánea.
De acuerdo con los documentos, esta reorganización permitiría ahorrar alrededor de 3 mil 600 millones de pesos, pero hasta anoche el PT y el PVEM negociaban presentar reservas para distintos temas en los que aseguran tener dudas.
Asimismo, se establece que los consejeros del INE y los magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deberán tener un salario inferior al del presidente de la República.
También se modifica el calendario del proceso electoral para compactar procesos; elimina dos salas regionales que no entraron en funciones, y la sala regional especializada del Tribunal Electoral.
Otra propuesta es implementar el voto electrónico, pero su implementación estaría en manos del muy cuestionado Conacyt.
Sancionarían calumnias contra el gobierno.
Las reformas establecen además que será motivo de sanción “la difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las personas, a los partidos políticos o a los gobiernos emanados de éstos.
Asimismo, se pondrán límites a las acciones arbitrarias tanto del INE como del TEPJF respecto de interpretaciones ajenas a la ley que han limitado la libertad de expresión, los derechos político-electorales, la autodeterminación de los partidos políticos, entre otros. Con ello, los tribunales no podrían retirar candidaturas a quienes incurran en irregularidades graves, como actualmente se establece en la legislación electoral.
La Ley General de Comunicación Social precisa que el objeto de la ley es garantizar el derecho de la ciudadanía a la información sobre la actuación pública, así como promover la rendición de cuentas, a través de la propaganda gubernamental, constituida por aquélla que los Entes Públicos contraten en los medios de comunicación masiva.
Sin embargo, el PT y PVEM negociaba anoche cambios a la propuesta original, para incluir temas de su interés.
Con esto y con la desaparición de la sala regional especializada del TEPJF se abre la puerta a que los funcionarios públicos puedan seguir difundiendo sus actividades públicas, incluso cuando hayan declarado su intención de aspirar a otros cargos públicos, como la presidencia de la República. Y es que la sala regional especializada, es la que resuelve y sanciona el uso de recursos públicos, la propaganda y los actos anticipados de campaña.
Además, se señala que constituirán infracciones de los partidos políticos la difusión de expresiones que calumnien a los partidos políticos y a los gobiernos emanados de ellos.
Al tratarse de leyes secundarias, estas iniciativas podrían ser aprobadas con los votos del bloque conformado por el PT, PVEM y Morena, aunque incluso los aliados del partido mayoritario protestaron por el poco tiempo que tuvieron para analizar estas iniciativas.
