La Cámara de Diputados inició la discusión del dictamen de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre críticas del PRI, porque en la madrugada se agregó una adenda al documento original, y que recoge algunas de las propuestas de la oposición.

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La adenda de 368 páginas, modifica el contenido previamente aprobado por la Comisión de Seguridad, sin pasar de nueva cuenta por esta instancia legislativa, lo que generó que el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, acusara que este es un verdadero albazo legislativo.

Los legisladores prisitas sentenciaron que con esto se elimina definitivamente el carácter civil de las instituciones de seguridad, pues se suprimió un párrafo clave del artículo 2 que establecía que las instituciones de seguridad pública serían disciplinadas, profesionales y de carácter civil.

Además, se le dan facultades al Consejo Nacional de Seguridad Pública para retener fondos federales destinados a seguridad si los estados o municipios no cumplen con sus acuerdos, sin necesidad de un proceso legal previo.

Y aunque se eliminó la obligación de crear un padrón de usuarios de telefonía móvil, se mantuvo la posibilidad de que las instituciones de seguridad soliciten información a empresas privadas para fines de investigación.

Los diputados de oposición denunciaron que no hubo tiempo suficiente para analizar los cambios, y que se trató de una maniobra opaca que vulnera el proceso parlamentario.

Sin embargo, los legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano anunciaron que votarán a favor el dictamen.