Los nueve ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que entrarán en funciones el 1 de septiembre, todos afines a la 4T, definirán el futuro de todos los amparos presentados contra el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por el cobro de adeudos fiscales multimillonarios, relacionados con el Grupo Salinas y Elektra.

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En sesión privada y por mayoría, los ministros determinaron acceder a la petición del gobierno federal para reservar todos los asuntos pendientes en este tema hasta la nueva integración de la Corte.

La ministra Lenia Batres, quien propuso el proyecto avalado, explicó que se aprobó la solicitud del SAT y de la consejería jurídica del ejecutivo federal para aplazar la resolución de la contradicción de criterios de tribunales, que sentará jurisprudencia sobre el trámite que se debe dar a los recursos de revocación en materia fiscal.

Abundó que actualmente, cuando el SAT determina un crédito fiscal, por obligación o adeudos de pago de contribuciones, éste puede ser impugnado ante el propio SAT mediante recurso de revocación. La resolución que se tome, a su vez, puede ser recurrida ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por medio de un juicio contencioso administrativo.

La contradicción de criterios que fue pospuesta fue denunciada por el SAT el 24 de abril, pero no alcanzó a ser turnada. El SAT alega que de no resolverse se estarán perdiendo cuantiosos recursos públicos bajo el criterio que sostiene que en el procedimiento de revocación el SAT está obligado a notificar nuevamente la resolución del crédito fiscal que se impugna, cuando el contribuyente niega conocerlo.

La posposición aprobada tiene el propósito de garantizar la certeza y seguridad jurídica que se establece en la Constitución sin afectar los derechos de los justiciables a una tutela jurídica previsible y estable.

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Actualmente, se encuentran en trámite ante diversos tribunales colegiados de circuito del país 65 asuntos pendientes de resolución.