La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados dos iniciativas en materia de seguridad, estos son los proyectos que expiden las leyes de Seguridad Nacional de Investigación e Inteligencia y la General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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En el primer caso, la nueva legislación, que comprende 20 artículos, tiene el propósito de crear el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia que se encargará de interconectar los sistemas de inteligencia de la Federación, las entidades federativas y municipios, así como de entes privadas, para fines de investigación de los delitos, en particular los de alto impacto, con excepción de los sistemas de inteligencia en materia de seguridad nacional.

El documento, refiere que el sistema integrará los medios, recursos de información y bases de datos que resulten pertinentes en materia de seguridad pública de los que dispongan entes públicos; asimismo, aprovechará las herramientas tecnológicas y científicas de inteligencia en el combate del fenómeno delictivo, así como para la investigación estratégica de delitos, sobre todo de alto impacto.

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Asimismo, recabará, procesará, sistematizará, analizará y utilizará información para crear bases de datos criminalísticos, y generará productos de inteligencia para contar con información de valor que aporte pruebas en el desarrollo efectivo de las investigaciones de objetivos específicos y dé sustento al desarrollo de procesos judiciales efectivos en el combate a delitos, en particular los de alto impacto y la impunidad.

La segunda iniciativa, que consta de 131 artículos, es para expedir la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y su finalidad es regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de la distribución de competencias, la coordinación y cooperación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno.

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El Sistema Nacional definirá la actuación de las Instituciones de Seguridad Pública y los órganos del Sistema, así como las políticas, los programas, mecanismos y acciones en materia de seguridad pública. Se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, perspectiva de género, del federalismo cooperativo, la protección de la persona, su dignidad y el respeto a los derechos humanos con enfoque diferenciado e incluyente.

La propuesta presidencial establece las bases normativas para que las instituciones y los órganos que integran el Sistema puedan diseñar, formular, proponer, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias, los programas y las acciones en materia de seguridad pública, además de distribuir entre los tres órdenes de gobierno competencias específicas para el ejercicio de la función concurrente de la seguridad pública.