La detención de Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, exhibe de nuevo la intromisión del crimen organizado en los gobiernos municipales. Y más que ser un problema de un solo partido, es un problema estructural que ocurre antes, durante y después de las elecciones, sin importar los colores.
Los municipios son la base del federalismo mexicano. También son el nivel de gobierno más débil, con menos recursos, menor capacidad institucional y mayor exposición a la presión criminal. Ahí es donde el crimen organizado ha avanzado con mayor facilidad.
TEQUILAZO
Diego Rivera fue detenido por extorsión agravada y delincuencia organizada. De acuerdo con datos oficiales, encabezaba una red local que exigía pagos a empresarios tequileros a cambio de no clausurar negocios. Entre las empresas afectadas se encuentra José Cuervo.
La investigación también señala desvío de recursos públicos y uso de la policía municipal para proteger actividades ilícitas. En el mismo operativo fueron detenidos funcionarios del ayuntamiento, incluido el director de Seguridad Pública. El municipio quedó bajo vigilancia estatal.
Rivera llegó al cargo postulado por Morena. Su detención se suma a una lista creciente de alcaldes arrestados por vínculos criminales. El caso no es excepcional por su gravedad, sino por su recurrencia.
UN PATRÓN NACIONAL
La captura criminal de municipios ocurre en todo el país y atraviesa colores partidistas. En el Estado de México, la Operación Enjambre derivó en la detención de alcaldes por delitos como extorsión y homicidio. Y no sólo de Morena.
En Santo Tomás de los Plátanos, el alcalde postulado por PRI-PAN-PRD fue detenido por vínculos con La Familia Michoacana. En Amanalco, la exalcaldesa María Elena Martínez, postulada por MC y posteriormente aliada de Morena, fue sentenciada a 70 años de prisión por ordenar el asesinato del síndico municipal con apoyo del mismo grupo criminal.
La violencia contra autoridades locales confirma el nivel de penetración del crimen organizado. El Universal reportó que en los últimos 25 años han sido asesinados 119 presidentes municipales en funciones o electos.
Las víctimas pertenecían a todos los partidos. El crimen organizado no opera con afinidad ideológica. Opera donde encuentra instituciones frágiles, policías locales capturables y procesos electorales vulnerables.
EL GRAN AUSENTE
Pese a la gravedad del problema, Palacio Nacional sigue evadiendo el tema. Se prepara una reforma electoral centrada en financiamiento, plurinominales y costos de elección. PVEM y PT ya participan en su diseño. En ninguno de los planteamientos conocidos aparece un eje para impedir la intromisión del crimen organizado.
Estudios de TecScience y de organismos internacionales documentan que 502 municipios presentan riesgo muy alto de infiltración criminal en elecciones, y otros mil 50 riesgo alto.
Los factores son consistentes: presencia de cárteles, pobreza, baja participación ciudadana y debilidad institucional. En esos municipios, el financiamiento ilícito de campañas y la imposición de funcionarios es una práctica recurrente.
La respuesta del Estado ha sido reactiva: detenciones después del daño, intervenciones federales cuando el control ya se perdió, cambios de mando cuando la violencia escala. Lo que no existe es una estrategia preventiva.
Blindar a los municipios implica vigilar el flujo de dinero en campañas, controles de confianza en candidaturas, protección a autoridades bajo amenaza y fortalecimiento institucional local. Sin ese enfoque, la detención de alcaldes como el de Tequila seguirá siendo una corrección tardía.
EL DATO INCÓMODO
En 2025, Hacienda reordenó el gasto: Pemex recibió 261 mil millones extra y Hacienda, IMSS y Bienestar también crecieron. Pero se recortaron infraestructura, transporte, pensiones, vivienda y aportaciones a estados. Más dinero para rescates y programas; menos para inversión productiva y desarrollo.
