El Gobierno de la Ciudad de México anunció que en enero presentará una aplicación digital para monitorear en tiempo real a las pipas que transportan gas e hidrocarburos en la capital y que instaurará un reconocimiento al mérito civil en honor de Alicia Matías Teodoro, al tiempo que informó que se han firmado 143 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas y la empresa responsable, como parte de la reparación integral del daño por la explosión ocurrida el 10 de septiembre en el puente de La Concordia, cuyo monto total asciende a aproximadamente 480 millones de pesos, de los cuales 429 millones ya han sido pagados.

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Durante la presentación del informe sobre la explosión de una pipa de gas LP, en la que se registraron 32 personas fallecidas y 52 personas lesionadas que continúan en seguimiento médico, la jefa de Gobierno señaló que la aplicación permitirá conocer en tiempo real las rutas, la velocidad y las condiciones de operación de las unidades que transportan sustancias peligrosas, además de contar con un mecanismo para que la ciudadanía pueda reportar posibles irregularidades.

Explicó que esta herramienta forma parte de las acciones de prevención y no repetición implementadas tras el siniestro.

Indicó que esta aplicación estará vinculada a las modificaciones al Reglamento de Tránsito ya implementadas, que establecen la limitación de horarios de circulación de pipas con hidrocarburos, la reducción de la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora y la disminución de las cantidades de sustancias peligrosas que pueden transportarse en la ciudad, en coordinación con las disposiciones emitidas a nivel federal.

Informó que se instaurará un reconocimiento al mérito civil y al valor ciudadano que llevará el nombre de Alicia Matías Teodoro, en memoria de la mujer que perdió la vida al intentar salvar a su nieta durante la explosión.

Explicó que este reconocimiento distinguirá actos de valentía y solidaridad de la ciudadanía en situaciones de emergencia y quedará como un homenaje permanente a su actuación.

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Por su parte, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que la investigación pericial permitió establecer que el accidente fue provocado por el exceso de velocidad y la pérdida de control de la unidad por parte del conductor de la pipa, así como por omisiones de la empresa operadora, relacionadas con la capacitación del operador y la supervisión de las jornadas de conducción. Precisó que los estudios descartaron fallas mecánicas del vehículo, problemas en la infraestructura vial o factores meteorológicos.

La fiscal detalló que en la investigación participaron 16 especialidades forenses, se elaboraron más de 270 dictámenes y se analizaron la vía de circulación, el vehículo, los sistemas mecánicos, imágenes de videovigilancia, topografía del lugar y estudios especializados en mecánica, incendios, instalaciones de gas, química, arquitectura, seguridad industrial y criminalística de campo, lo que permitió reconstruir con precisión las causas del siniestro.

Explicó que la solidez de la investigación permitió a la Fiscalía negociar desde una posición firme con la empresa responsable, lo que derivó en procesos de mediación y acuerdos reparatorios sin necesidad de llegar a una etapa judicial, siempre con la voluntad de las víctimas y con acompañamiento institucional. Subrayó que estos acuerdos no son obligatorios y que cada familia evaluó las propuestas antes de aceptarlas.

En términos de reparación del daño, la fiscal informó que el monto total estimado asciende a aproximadamente 480 millones de pesos, de los cuales alrededor de 430 millones ya han sido pagados, lo que representa un avance cercano al 90 por ciento.

Precisó que se ha cubierto la reparación correspondiente a 28 de los 31 casos de personas fallecidas, a cuatro de seis personas con lesiones que pusieron en peligro la vida, a la totalidad de los casos con lesiones mayores a 60 días, así como a personas con lesiones menores y otros daños conforme a los acuerdos establecidos.

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Indicó que, hasta el momento, 127 de las 144 víctimas ya han recibido el pago correspondiente y que los casos pendientes se concentran principalmente en daños materiales y en situaciones que requieren trámites sucesorios o definiciones de patria potestad de menores y añadió que las reparaciones alcanzadas en este caso se ubican por encima de los montos históricamente otorgados en eventos similares y se han logrado en un tiempo significativamente menor.

En cuanto a la atención de los pacientes y los familiares, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann dijo que las personas afectadas continúan en proceso de recuperación y rehabilitación, con seguimiento médico especializado, atención psicológica y acompañamiento institucional permanente.

Informó que se han otorgado más de mil 660 atenciones psicológicas y que el Gobierno capitalino entregó apoyos económicos emergentes por un monto total de 40 mil pesos a cada una de las víctimas y sus familias, además de garantizar alimentación, hospedaje, traslados y asesoría jurídica.