A 11 meses del asesinato de Leidy y Alexa (11 y 7 años), ocurrido el 6 de mayo de 2025 en Sinaloa, el Centro Prodh afirmó que el caso evidencia “los efectos más lesivos y dolorosos del poder militar sin controles”, luego de que un juez vinculó a proceso a 13 elementos de la Sedena por homicidio calificado y tentativa de homicidio.
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Las dos niñas murieron en el ataque, y también resultaron heridos tres menores y dos adultos de la misma familia.
Según la denuncia, el Ejército mexicano abrió fuego contra la camioneta familiar sin previo aviso, cuando regresaban a su casa tras encontrar bloqueada la carretera.
Inicialmente, autoridades difundieron que se trató de un enfrentamiento, versión que no fue corregida públicamente, mientras la familia denunció un uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza.
Con el acompañamiento del Centro Prodh, la familia exigió justicia y cuestionó la intervención de la jurisdicción militar, al señalar que violaciones graves a derechos humanos deben investigarse en la vía civil.
El 31 de marzo de 2026 se ejecutaron órdenes de aprehensión contra 13 militares, y la FGR presentó pruebas de un uso letal de la fuerza injustificado, en violación a la ley.
La Fiscalía sostuvo que los militares dispararon directamente sin que existiera amenaza previa, mientras las defensas argumentaron que actuaron bajo un contexto de violencia y nerviosismo.
El juez Josué Noé Egure Yáñez determinó la vinculación a proceso por homicidio calificado y tentativa bajo dolo eventual, al considerar que los elementos podían prever el resultado letal de sus acciones.
La familia señaló que el ataque destruyó su proyecto de vida y exigió que la justicia avance de manera diligente y sin retrasos.
El Centro Prodh afirmó que esta resolución abre la puerta para que la FGR y el Poder Judicial demuestren independencia frente a las Fuerzas Armadas.
“El caso pone rostro a los efectos más dolorosos del poder militar sin controles efectivos”, señaló la organización.
Asimismo, pidió fortalecer la investigación, garantizar un proceso sin presiones y con respeto a derechos humanos, y evitar la impunidad.
La familia exigió que las autoridades reconozcan que no fue un enfrentamiento, que los responsables sean sancionados, y que el caso sirva para evitar que hechos similares se repitan.
