PILAR MANSILLA
Foto: Cuartoscuro
Aunque el gobierno de México cuenta con los requisitos legales y económicos para prevenir y erradicar el problema de las desapariciones e incluso, localizar e identificar a los al menos 53 mil cuerpos que se encuentran en las instituciones en espera de que se haga un cruce genético, la cifra de este fenómeno podría incrementar de manera considerable al cierre de este sexenio.
Con un reporte estimado de 111 mil personas desaparecidas, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador podría cerrar con un número superior de casos por no cumplir con las recomendaciones que emitió el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED).
Eduardo Guerrero, colaborador del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. consideró lo anterior al señalar que tan sólo en la Ciudad de México, ha disminuido el número de homicidios a diferencia de las desapariciones, que es un fenómeno que ha incrementado en los últimos cinco años.
Y es que, de acuerdo la organización “A dónde van los desaparecidos”, (adondevanlosdesaparecidos.org), en su página, hasta agosto de este año, “las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero en la Ciudad de México también destacan entre los lugares que acumulan más casos sin resolver en este sexenio. En la capital del país, durante más de una década, de 2006 a 2018, se reportaban en promedio 74 desapariciones cada año. Durante la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de gobierno de la entidad, los casos se dispararon a un promedio anual de 926 entre 2019 y mayo de 2023”.
Eduardo Guerrero, advirtió que “no existe una política integral para prevenir y erradicar las desapariciones, aunque mejoren las fiscalías”, precisó, al señalar que pese a que se han creado todos los instrumentos “no se ha cumplido con el propósito de que funcionen de manera adecuada”.
Como ejemplo, puso el caso de los jóvenes de Lagos de Moreno, los 43 normalistas de Ayotzinapa y un cúmulo casos que no se han hecho mediáticos, en los que, aunque se cuenta con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, “hay deficiencias en cómo se integran las carpetas o no se investiga el delito de desaparición forzada o no se cuentan con los recursos necesarios”.
Indicó que los casos podrían incrementar también ya que se carece de una “adecuada política para priorizar la investigación, la falta de diligencia, para que inicien las indagatorias, avancen y se den resultados”, donde se de apoyo a las familias y tengan acceso a los expedientes, así como a que se les permita participar en los procesos, no dejarles la carga de que tengan que buscarlos, además de que se debe evitar revictimizar a las personas, a través de censo que propuso el gobierno de López Obrador.
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Estimó que otra muestra de falta de voluntad de la presente administración para evitar un mayor número de desaparecidos y encontrar a los que no han sido localizados es la falta de interés por parte de la Secretaría de Gobernación a cargo de Luisa María Alcalde.
Recordó que tras la renuncia de Karla Quintana al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la encargada de la política interior se había comprometido a lanzar una convocatoria para cubrir la vacante, sin embargo, a más de un mes de haber dejado su cargo, no ha cumplido con su ofrecimiento.
“Son mensajes de cómo abordan la situación y se podría adelantar que no habrá avances e incluso retrocesos”, en aspectos como son los registros de desaparecidos.
Por lo anterior, consideró que hay falta de voluntad política, ya que la Fiscalía no ha querido asumir sus responsabilidades, aunque el Estado ya ha reconocido la magnitud de la crisis en materia de desapariciones.
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Otro fenómeno por el que tampoco se ha cumplido con las recomendaciones es porque, además de que las personas desaparecen en manos de grupos criminales, también están involucradas, en diversos casos autoridades, que se enteraron de que están inmiscuidos compañeros, mandos superiores o que están relacionados grupos criminales y autoridades.
Por lo anterior, consideró que esta administración tiene que implementar las acciones a las que se ha comprometido, demostrar voluntad y dar respuesta a las recomendaciones, así como la administración que será electa en el 2024 con el propósito de prevenir hasta erradicar este delito.
