La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, explicó los alcances del paquete de reformas que envió el domingo al Congreso local durante la presentación de su informe de gobierno. Las iniciativas abarcan cinco temas principales: combate al despojo de inmuebles, regulación del delito de amenazas, sanciones por lesiones cometidas por razones de género, creación del Sistema Público de Cuidados y armonización de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana. Durante su conferencia, Brugada señaló que el objetivo general de las propuestas es fortalecer el marco jurídico local para proteger la integridad, el patrimonio y la seguridad de las personas, con un enfoque social y de derechos humanos.

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La primera iniciativa tiene como propósito endurecer las sanciones contra el delito de despojo, cerrar los mecanismos que han permitido la ocupación ilegal de viviendas y sancionar la corrupción asociada a estos actos.

Brugada Molina explicó que se propone imponer penas de hasta 11 años de prisión cuando el despojo se cometa con suplantación de identidad, documentos falsos o simulación de juicios, y establecer agravantes cuando las víctimas sean personas mayores, mujeres solas, personas con discapacidad o integrantes de pueblos originarios.

En el caso del delito de amenazas, la reforma plantea distinguir entre conflictos verbales y amenazas reales que pongan en riesgo la integridad o la vida. Las penas serán de uno a dos años de prisión, con aumento de hasta dos terceras partes cuando se trate de amenazas de muerte, con armas, de bomba o emitidas por integrantes de grupos criminales. También se considerarán las amenazas digitales y las dirigidas a testigos o participantes en procesos judiciales.

En materia de violencia de género, la iniciativa incorpora el delito de lesiones cometidas por razones de género, orientación sexual o identidad de género, con incremento de dos terceras partes en las penas actuales y se considerarán agravantes cuando existan antecedentes de violencia, expresiones de odio, relación de pareja o cuando las agresiones se cometan frente a menores o con intención de dañar la apariencia física.

Sobre la creación del Sistema Público de Cuidados, dijo que se busca reconocer y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado como una responsabilidad del Estado y se establecerá una junta coordinadora encabezada por la jefa de Gobierno, integrada por las dependencias sociales y de seguridad, con metas medibles, evaluaciones y presupuesto progresivo.

Finalmente, la armonización de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana ajusta la norma local a las reformas federales para dar estabilidad, formación y seguridad social a las corporaciones policiales, otorgar validez jurídica al Gabinete de Seguridad y fortalecer los mecanismos de control y confianza.