Foto: Cuartoscuro.com La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no se anunciaron investigaciones contra los organizadores de los bloqueos del lunes y reiteró que cerrar carreteras es un delito, aunque el gobierno no persigue a quienes protestan.
Expuso que la interpretación sobre las palabras de Rosa Icela Rodríguez se distorsionó, ya que la secretaria únicamente explicó que, en términos legales, cerrar carreteras es un delito, pero esto no significa que se inicie persecución automática cuando la protesta forma parte del ejercicio de derechos políticos y sociales.
“No hay razón para cerrar las carreteras, están las mesas de diálogo abiertas para agua, agricultura y seguridad. Entonces, ahí fue donde dijo la secretaria que quizá los motivos eran políticos”.
Aseguró que el gobierno mantiene como principio no criminalizar manifestaciones, incluso cuando generan afectaciones temporales, en contraste con acciones que sí constituyen delitos perseguibles, como agresiones, daños o actos organizados para generar violencia.
“Pero que la gente sepa que no había razón para cerrar las carreteras cuando hay diálogo con el gobierno, no hay cerrazón, a menos que quieran defender algún privilegio”.
Sheinbaum insistió en que la movilización no tenía fundamento respecto a una supuesta falta de diálogo, pues existe una mesa permanente de seguridad en carreteras, encabezada por la Guardia Nacional y dependencias federales.
“¿Para qué cerrar las carreteras si hay una mesa de diálogo?”, cuestionó.
Esa mesa, dijo, atiende de manera continua las denuncias de transportistas, productores y operadores sobre robos, extorsiones e incidentes que afectan la cadena de suministro, permitiendo acordar rutas de intervención y resolver reclamos con regularidad.
Sobre la Ley Nacional de Aguas, Sheinbaum señaló que algunos grupos se oponen a la recuperación de volúmenes concesionados para riego que ya no se requieren gracias a la tecnificación financiada con recursos públicos, la cual permite usar menos agua con mejores rendimientos agrícolas.
Indicó que hay distritos donde el agua se vende a municipios aunque los concesionarios no pagan derechos por tratarse de uso agrícola, algo que calificó como injusto y contrario al interés público. La iniciativa, dijo, busca evitar que el agua se convierta en mercancía mediante vacíos legales.
Enfatizó que las mesas legislativas en la Cámara de Diputados permiten aclarar dudas, corregir redacciones y ajustar procedimientos para la cesión de derechos en núcleos agrarios, por lo que los sectores inconformes tienen un espacio formal para debatir sin necesidad de cerrar carreteras.
