El colapso del inmueble en demolición ubicado en San Antonio Abad 124, en la colonia Tránsito, que dejó tres trabajadores muertos, derivó en una confrontación entre la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, y el Gobierno de la Ciudad de México en torno a las responsabilidades de supervisión y verificación de la obra.

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Por un lado, la alcaldesa ha sostenido que la demolición fue autorizada por el gobierno central bajo el esquema de “acuerdo de facilidades”, y que, en ese contexto, se impidió la intervención de la demarcación para realizar verificaciones, pese a solicitudes formales derivadas de denuncias vecinales.

En contraste, el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini rechazó esa interpretación y afirmó que dicho mecanismo no modifica las atribuciones legales.

Señaló que el acuerdo es una herramienta para agilizar demoliciones de inmuebles con riesgo estructural, pero no sustituye ni elimina las obligaciones establecidas en la normatividad vigente.

“Hay una interpretación equivocada“, indicó, al precisar que este esquema no constituye una licencia ni está por encima de la ley o la Constitución.

El funcionario subrayó que, conforme a la Ley Orgánica de Alcaldías, la Ley del Instituto de Verificación Administrativa y el Reglamento de Verificación Administrativa, corresponde a las alcaldías realizar las inspecciones en materia de construcciones y demoliciones.

Respecto al caso, explicó que en octubre de 2025 un particular solicitó adherirse al acuerdo de facilidades, lo que implicó únicamente la exención de pagos de derechos y trámites complementarios, sin eximir el cumplimiento de requisitos legales.

Detalló que la solicitud fue analizada por la Comisión para la Reconstrucción -donde participa la alcaldía- y que posteriormente se notificó el otorgamiento de facilidades. Añadió que en noviembre se informó el inicio de la obra y se realizó una verificación en la que se acreditó un dictamen técnico de demolición.

El gobierno capitalino finalmente, aseguró que se brinda acompañamiento a las familias de las víctimas y que se dará seguimiento a las investigaciones para el deslinde de responsabilidades.