El Senado de la República, con 83 votos a favor, 38 en contra y sin abstenciones aprobó las modificaciones realizadas por la Cámara baja al proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Amparo, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En lo particular, el dictamen fue avalado con 81 votos a favor y 31 en contra, y remitido al Ejecutivo Federal para su publicación.

LEE ADEMÁS: Suprema Corte aprueba los dos primeros proyectos de Hugo Aguilar

Las reformas tienen como propósito perfeccionar la institución del amparo como mecanismo central de protección de los derechos fundamentales frente a actos de autoridad, así como evitar el uso abusivo o dilatorio de los recursos administrativos y judiciales en materia fiscal que obstaculizan la recaudación de créditos firmes y afectan el interés social y el orden público.

✅ Con 83 votos a favor y 38 en contra, se aprueba en lo general y los artículos no reservados de la minuta que reforma la Ley de Amparo.

— Senado de México (@senadomexicano) October 15, 2025

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, explicó ante el Pleno que las comisiones dictaminadoras realizaron modificaciones sustanciales al proyecto original antes de su envío a la Cámara de Diputados, la cual también efectuó audiencias con expertos y devolvió el documento con ajustes a los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, así como a los artículos primero, tercero, cuarto y quinto transitorios del decreto.

Castillo Juárez detalló que en el artículo 128, fracción III, se sustituyó el término “interés público” por “disposiciones de orden público”, con el fin de eliminar ambigüedades que pudieran permitir interpretaciones discrecionales y vulnerar la esencia garantista del juicio de amparo.

También se eliminó la fracción V, que hacía referencia a daños de difícil reparación, para armonizar el texto con los principios constitucionales de progresividad y acceso efectivo a la justicia.

En el artículo 129, fracción XVI, se precisó que será contrario al interés social continuar con actividades o servicios que requieran autorización federal cuando no se cuente con ella, suprimiendo la referencia a casos de revocación o suspensión de permisos.

En cuanto al régimen transitorio, se incorporó un nuevo tercer transitorio que establece con mayor claridad la manera en que se substanciarán los asuntos en trámite al momento de la entrada en vigor del decreto. Por ello, los artículos cuarto y quinto se recorrieron en su orden. El texto aprobado señala que, tratándose de una ley procesal, las etapas concluidas con derechos adquiridos se regirán por la legislación vigente al inicio de los procesos, mientras que las actuaciones posteriores se sujetarán a las nuevas disposiciones, sin implicar retroactividad ni afectación a derechos adquiridos.

Durante la discusión en el Pleno, el senador Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, presentó una moción suspensiva al considerar que la reforma es “regresiva y no sustantiva”, pues el juicio de amparo protege a la ciudadanía de los abusos de poder y las modificaciones limitan su alcance. La moción fue rechazada en votación económica.

Por el PRI, Carolina Viggiano Austria afirmó que los diputados “montaron el mismo show”, pues, aunque recibieron a expertos, no corrigieron los problemas de fondo. Dijo que la ley representa “más poder al poder y menos acceso a la justicia”, al considerar que el oficialismo busca recursos ante la falta de solvencia fiscal.

En tanto, la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, advirtió que la reforma debilita el juicio de amparo y que la supuesta corrección a la retroactividad fue “una simulación” que contraviene el principio de progresividad de los derechos humanos.

En respuesta, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, aseguró que el texto final descarta la retroactividad y protege los derechos adquiridos, de modo que el amparo “sirva verdaderamente al pueblo y no sea instrumento de abuso o evasión”.

Finalmente, el Pleno rechazó las reservas presentadas por las senadoras Verónica Rodríguez Hernández, Laura Esquivel Torres y María de Jesús Díaz Marmolejo, del PAN, así como por el senador Ángel García Yáñez, del PRI. Concluido el debate, el dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular y remitido al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.