Patricia Ramírez / Ovaciones 

Foto: Cuartoscuro.com

La propuesta de reforma al poder Judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea que sea el próximo año, en 2025, cuando haya elecciones extraordinarias para votar a jueces, ministros y magistrados, lo que implicaría que los aspirantes tendrían que hacer campaña, pero sin recursos y lo que implicaría que el INE organizar una elección para alrededor de dos mil cargos, sin presupuesto adicional.

“En 2025 se realizará una elección extraordinaria para renovar a todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial. Quienes ocupen actualmente el cargo podrán participar en esta elección en igualdad de condiciones”, señala el texto.

La iniciativa propone también modificar el párrafo octavo del artículo 94 constitucional para precisar que los concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales se regirán por los procedimientos, requisitos y plazos que establezca la legislación secundaria, con excepción de los cargos de magistrada o magistrado de circuito, así como jueza o juez de distrito, cuya elección se realizará por voto directo y secreto de la ciudadanía.

Las campañas para estos cargos durarán 60 días y no habrá etapa de precampañas, no se permitirá el financiamiento público o privado y las personas candidatas tendrán acceso a tiempos de radio y televisión para difundir sus propuestas y podrán participar en foros de debate, mientras que los partidos políticos no podrán realizar proselitismo a
favor o en contra de las candidaturas.

SIN CONSENSO

Esta iniciativa de reforma constitucional, junto con la electoral, es la más rechazada por partidos de oposición, especialistas y organizaciones civiles, por lo que tiene muy pocas posibilidades de prosperar en esta Legislatura, donde Morena y sus aliados no tienen la mayoría calificada de 364 votos en la Cámara de Diputados para hacerla pasar, aunque ya fue turnada a comisiones.

Esta parte del Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador busca una reforma de fondo al poder Judicial, y ante las escasas posibilidades de que sea aprobada en esta Legislatura, que concluye el 31 de agosto, la apuesta de Morena y sus partidos aliados es lograr la mayoría calificada para las elecciones federales del 2 de junio, aunque también esa posibilidad se ve poco factible.

LOS CAMBIOS

En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la propuesta establece que se reduce el número de ministras y ministros, de 11 a 9 integrantes. Se reduce el periodo de su encargo, de 15 a 12 años, se eliminan las dos salas y la Corte sólo sesionará en pleno de manera pública.

Asimismo, se elimina la pensión vitalicia (haber de retiro) para actuales y futuros ministros y ministras y sus remuneraciones deben ajustarse al tope máximo establecido para el presidente de la República, sin excepción.

También se propone la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por 5 magistrados electos a nivel nacional por un periodo de 6 años, propuestos por los poderes de la Unión.

Este podrá recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley, al interés público o a la administración de justicia, incluyendo hechos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes, o cuando sus resoluciones no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia.

Sus sanciones incluyen amonestación, multa, suspensión o destitución, excepto ministros, asimismo, podrá dar vista al Ministerio Público en caso de delitos, o solicitar el juicio político ante el

Congreso de la Unión

Además, se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, que fue la propuesta que se presentó en la Comisión de Justicia desde el mes de noviembre pasado.

NO ES LA SOLUCIÓN

En México, 67.6 por ciento de la población tiene una percepción de corrupción en las instituciones que imparten justicia, por lo que el fortalecimiento del sistema de justicia y de las instituciones de impartición de la misma es un gran pendiente, advirtió el Centro Económica y Presupuestaria de Investigación (CIEP). “La solución no radica en cuestionar el método de elección de ministros, jueces y magistrados”, señalan los especialistas.

Partidos de oposición advirtieron que lo que buscan Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador es controlar al poder Judicial, politizandolos, colocando jueces por elección partidista, no por sus conocimientos jurídicos.