El director de Conagua, Efraín Morales, desmintió versiones que advertían sanciones a pequeños productores por mover agua, heredar tierras con concesiones o captar lluvia y sostuvo que la iniciativa aprobada en lo general por la Cámara de Diputados cambió la visión mercantil del agua, al colocarla como un derecho y no como un bien sujeto a especulación.

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Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Morales afirmó que el acaparamiento, la sobreexplotación y un mercado ilegal beneficiaron a grupos económicos que lucraron con un recurso que debería pertenecer a las mayorías y que en muchos municipios dejó comunidades sin abasto suficiente.

Según Morales, varias narrativas falsas circularon en redes y fueron retomadas en el pleno, por lo que consideró urgente desmontarlas para evitar que productores rurales quedaran atrapados en una campaña de desinformación.

Entre esos señalamientos, sostuvo que era falso que ya no se podrían heredar terrenos con títulos de concesión, pues “cuando se vende una propiedad, se vende con el título de concesión”, y agregó que sería absurdo imaginar la venta de una parcela sin agua, lo que restaría valor productivo al predio.

Morales indicó que los derechos actuales de los concesionarios quedaron salvaguardados y explicó que las reformas incorporaron aportaciones de productores para evitar que la modificación normativa estrangulara prácticas tradicionales en el campo, incluida la renta temporal de tierras con disponibilidad de agua.

El funcionario remarcó que tampoco es cierto que Conagua sancionaría a agricultores por trasladar agua dentro de sus predios, y precisó que las sanciones se enfocan en abusos de actores con poder político o económico que han desviado agua con fines de lucro, dañando a comunidades situadas aguas abajo.

Morales señaló como ejemplo el caso de un exgobernador que mandó a construir una presa para retener 700 mil metros cúbicos, lo que afectó a productores y pobladores sin agua suficiente, alimentando tensiones previas en la presa La Boquilla.

El titular de Conagua subrayó que la iniciativa no criminaliza a pequeños productores, e indicó que para las actividades agropecuarias familiares se eliminaron sanciones, ya que la intención no recae en perseguir prácticas de subsistencia sino en atacar redes de robo y desvío con fines comerciales.

Morales negó que transportar agua en pipas dentro de predios agrícolas abra un proceso penal, y enfatizó que las conductas sancionadas corresponden al robo deliberado del recurso con fines lucrativos, modalidad que distorsionó el acceso equitativo al agua en varias regiones del país.

También desmintió que Conagua pretenda regular la captación de lluvia y detalló que la reforma incentiva el uso de ollas como alternativa en zonas sin acceso a fuentes superficiales o subterráneas, y que solo se solicitará un trámite mínimo cuando esas obras alteren caudales o afecten ecosistemas locales.

Morales aclaró que la regulación busca impedir que ciertas estructuras que funcionan como presas privadas modifiquen ríos hasta provocar la muerte de especies o la degradación de árboles y suelos, pues el nuevo marco jurídico prioriza la protección ambiental y la sostenibilidad del recurso hídrico.

El director desmintió otra idea falsa que advertía que Conagua retiraría pozos domiciliarios o títulos vigentes; en respuesta sostuvo que todos los derechos están garantizados, lo que incluye a usuarios con concesiones inscritas que mantienen el uso legal del agua bajo el régimen actual.

Morales afirmó que las mentiras surgieron por “actos desesperados” de grupos que ven disminuido su margen de privilegios, y advirtió que algunas participaciones en el pleno repitieron afirmaciones inexistentes en la ley, a pesar de que el articulado quedó establecido de manera explícita.