En la revisión de 536 mil títulos de concesión en todo el país, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha detectado irregularidades graves: permisos ubicados en el mar, concesiones vencidas utilizadas para vender agua en pipas y usos distintos a los autorizados.

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“Hemos iniciado más de cuatro mil procedimientos de verificación y la mayoría concluye con sanciones”, informó Efraín Morales, director general de la dependencia.

Para atender las denuncias, se habilitó el portal app.conagua.gob.mx/podal, donde los ciudadanos pueden reportar pozos clandestinos o uso irregular del recurso.

“Las denuncias pueden hacerse de manera anónima y cada caso recibe seguimiento inmediato”, añadió Morales. Hasta ahora se han recibido más de mil 500 denuncias, principalmente en Puebla, Tehuacán y otras zonas agrícolas del centro del país.

Informó que el Gobierno de México abrió el debate nacional para reformar la legislación hídrica. Los foros de Parlamento Abierto que se desarrollan en varios estados buscan recoger propuestas de comunidades rurales, productores agrícolas, organizaciones civiles y académicos con el propósito de transformar el modelo de gestión del agua.

El funcionario explicó que la nueva Ley General de Aguas pretende poner fin al enfoque mercantil heredado del sistema de concesiones vigente. “El corazón de esta iniciativa es reconocer que el agua no es una mercancía, sino un derecho humano y un bien estratégico de la nación”, afirmó.

Morales detalló que el actual modelo, basado en la entrega de concesiones privadas, ha favorecido el acaparamiento, la sobreexplotación y la concentración del recurso en manos de unos cuantos usuarios, además de propiciar un mercado negro del agua. “Hay quien no produce nada, su negocio es vender el agua”, advirtió.

Uno de los temas centrales de los foros es la recuperación de volúmenes concesionados por los cuales no se pagan derechos. Según los registros oficiales, solo 20 por ciento de las concesiones cumple con el pago correspondiente.

Otros planteamientos incluyen prohibir la privatización de los servicios de agua y saneamiento, reestructurar los consejos de cuenca —dominados hoy por grandes usuarios— e incluir a ejidatarios, comunidades agrícolas y organizaciones locales en la toma de decisiones.

Morales insistió en que la iniciativa no afectará los derechos adquiridos. “Todo aquel que hoy tiene una concesión la mantiene en las mismas condiciones: volumen, localización, temporalidad y uso. Lo único que cambia es que la autoridad del agua será la única facultada para otorgar títulos”, explicó. Con ello se eliminarán las transferencias privadas que favorecían la especulación con el líquido.

Otro componente de la iniciativa es la creación del Registro Nacional de Aguas, una plataforma pública y digital que permitirá seguir cada trámite desde su origen hasta su resolución.

La ley también contempla la formación de un Fondo de Agua en el que participarán las secretarías de Hacienda, Economía, Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, con el fin de definir nuevos proyectos estratégicos y evitar decisiones discrecionales.

Los foros continuarán durante noviembre y diciembre en regiones clave como el Bajío, el norte agrícola y el sureste industrial. Al final, las conclusiones serán integradas al dictamen que discutirá la Cámara de Diputados. El país debate no solo una ley, sino el sentido de su futuro hídrico.