El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa en el tiempo en que Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública Federal concesionó ocho penales de máxima seguridad hasta los años 2032, 2016 y 2037.

 Por los contratos se han pagado en los últimos nueve años 75 mil 661 millones 735 mil 763 pesos y se comprometieron pagos por 190 mil 638 millones 819 mil 084 pesos, reveló en conferencia de prensa la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

 De los 22 mil 776 millones ejercidos por Prevención y Readaptación Social en 2020, el 68.3 por ciento fue para pagar a las empresas privadas, es decir 15 mil 562 millones 904 mil 661 pesos.

 Además, el costo total proyectado es de 266 mil 300 millones 554 mil 847 pesos, mismo que se tiene planeado echar abajo.

 Explicó que en el penal de máxima seguridad de Sonora se pagó a empresas privada en 2020 mil  millones 1778  mil 375 pesos, en el Guanajuato mil 808 millones 872 mil 216 pesos, Oaxaca mil 771 millones 913 mil 932 .21 pesos, Durango mil 875 millones 746 mil 155.16 pesos y Chiapas 2 mil 001 millones 045 mil 958.10 pesos.

 En el caso del femenil de Morelos se pagó en 2020 mil 867 millones 318 mil 618.95 pesos, en tanto que en Michoacán se pagaron 2 mil 230 millones 024  mil 529.98 pesos y en Coahuila 2 mil 188 millones 804 mil 875.09 pesos, lo que da un total para el año que ya está en (falta) 15 mil 562 millones 904 mil 661.42 pesos.

 El año pasado se pagó por interno al año un millón 375 mil 064.65 pesos, al mes 114 mil 588 pesos y 3 mil 819.2 pesos por interno al día, cuando un interno del fuero común en un penal de la Ciudad de México demanda no más de 500 pesos.

 Sobre el tema, el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, destacó que las empresas privadas solo se comprometían a bridar condiciones materiales, tecnológicas y algunos servicios auxiliares.

 Los pagos se realizan en forma mensual por el total de la capacidad de población del penal y se actualizará conforme a la inflación.

 La vigencia del contrato será de 22 años y la etapa de prestación de servicio no será menor a 20 años.

 El contrato establece que los particulares son los dueños de la propiedad e instalaciones, una vez concluido el contrato. Además, tenían concesionados los servicios de limpieza, alimentos, lavandería, uniformes, calzado y múltiples servicios.