Las modificaciones hechas a más de 30 artículos de la Ley de Amparo, y que ya aprobó la Cámara de Diputados la madrugada de este miércoles, “lejos de fortalecer nuestro marco jurídico, debilita uno de los pilares históricos más importantes del Estado de Derechos, que es el juicio de amparo“, acusó el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez.

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Restringir el amparo o hacerlo inaccesible equivale a debilitar el equilibrio entre gobernantes y gobernados, a reducir los contrapesos institucionales y a limitar la defensa de las libertades y derechos constitucionales, advirtió.

Señaló que la versión aprobada por los diputados, vuelve a poner el foco en la cláusula retroactiva señalada como una amenaza directa a los juicios en curso, mantiene restricciones que reducen el acceso a la justicia, limitan el control judicial sobre los actos de autoridad y vulneran la seguridad jurídica de las personas y las empresas.

Indicó que el impacto de lo aprobado también es económico, porque cuando la ley deja de proteger con certeza y legalidad, la inversión se retrasa, el empleo se estanca y la confianza se erosiona.

“México envía un mensaje negativo a los inversionistas nacionales y extranjeros, al mostrar que las reglas pueden cambiar sin consenso, que las instituciones pierden independencia y que la justicia deja de ser confiable. En un contexto donde México compite por aprovechar el potencial del T-MEC y del nearshoring, debilita la certeza jurídica y la legalidad, y es, sencillamente, dar un paso atrás en competitividad“, aseveró el líder del sindicato patronal.

Dijo que entre las disposiciones más delicadas, se restringe la suspensión del acto reclamado, incluso en materia fiscal. Esto significa que una empresa podría enfrentar embargos, cancelaciones de sellos digitales o bloqueos de cuentas antes de que un juez resuelva si la autoridad actuó conforme al derecho. “En la práctica, se elimina la posibilidad de proteger a los contribuyentes frente a actos arbitrarios o desproporcionados, afectando la liquidez y la continuidad operativa de miles de negocios”, dijo.

Sierra Álvarez señaló que la nueva definición de “interés legítimo” es más restrictiva, y que bajo esta interpretación, se debilita la defensa de derechos colectivos y se impide que asociaciones, cámaras o colegios puedan representar causas comunes.