MANUEL GUADARRAMA
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó el Informe sobre la Cuenta Pública 2021. Encontró todo tipo de irregularidades, algunas novedosas y otras no tanto. Lo grave es que muchas de esas malas prácticas siguen sin corregirse o peor aún, para este año se continúan asignando recursos a carretadas a proyectos y programas sin saber si se tomaron medidas para corregir su gestión.
Llama la atención que del total de revisiones que realizó la ASF (2 mil 50) el 82% se enfocó al gasto federalizado. Es decir, auditó las transferencias de recursos que realiza la Federación a los estados y municipios a través de participaciones, aportaciones y convenios. No es la primera vez que la ASF se enfoca más en supervisar a los estados que al propio gobierno federal. El resultado se resume en 958 promociones de responsabilidad administrativa, 1,128 recomendaciones y 137 solicitudes de aclaración.
¿Qué fue lo que encontró? Los proyectos prioritarios de la administración tuvieron irregularidades. Por ejemplo, la Refinería de Dos Bocas tuvo observaciones equivalentes a 384.6 millones de pesos por pagos que no corresponden a los trabajos realizados, adjudicación de contratos por invitación. Y asignación directa, entre otros. En el caso del Tren Maya se detectaron pagos indebidos y otras irregularidades que representan 1, 192 mdp tan solo en los tramos 1 a 4 del Tren. El programa se Pensión para Adultos Mayores se pagaron 49 millones de pesos a 13 mil 370 personas reportadas como fallecidas por Registro Nacional de Población. Pagos duplicados por un millón de pesos a 273 personas y datos incorrectos de 347 personas.
Respecto al gasto federalizado para los estados, aún quedan por aclarar el uso de 52 mil 211 mdp. Para dimensionar, este monto representa dos veces el presupuesto total de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para este año. Los estados con mayores montos por aclarar son Michoacán (13 mil 737 mdp), Durango (8 mil 172 mdp) y Coahuila (3 mil 262 mdp).
En dos temas prioritarios para la población, salud y educación, se señalaron inconsistencias cercanas a los 2 mil mdp. En el caso del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos se detectaron pagos a cuentas no autorizadas, falta de información comprobatoria, adquisición de medicamentos a sobreprecios y falta de transparencia. En el caso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) los problemas se concentraron en el pago de sueldos a personas dadas de baja o sin vínculo con la institución educativa, pago de sueldos a personas que tuvieron cargos de elección popular y pago de nómina a personas registradas como decesos.
De nada sirve tener una Auditoría Superior de la Federación si no se hace nada por corregir los problemas. Ya estamos en el tercer mes del 2023 y todo indica que este año también cobrarán sueldos las personas fallecidas. Ojalá se persigan y sancionen los actos de corrupción, y al mismo tiempo, se prevengan y eviten los actos de incompetencia de los funcionarios a cargo de los recursos públicos.
*Manuel Guadarrama es Coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO. Las opiniones expresadas en esta columna son personales y no reflejan la postura institucional.
@ManuGuadarrama*
