La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) difirió el debate de la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores y la CNDH contra diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social, luego de que la organización Artículo 19 advirtiera de riesgos a la libertad de expresión.

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El tema, que estaba programado para este martes, se dejó en lista, luego de que las organizaciones civiles advirtieron que no se establecen criterios claros para la asignación de la publicidad oficial.

El organismo advirtió que la libertad de expresión está en riesgo porque no se contempla un órgano autónomo encargado de revisar, supervisar o fiscalizar la publicidad oficial y se deja en manos de la Secretaría de Gobernación la facultad de decidir cómo asignar la publicidad oficial a los medios de comunicación. Esta facultad otorga un amplio margen de control sobre la asignación de los contratos de publicidad oficial, lo que incrementa de manera significativa los riesgos de discrecionalidad y uso político de los recursos públicos.

Explicó que si bien la Constitución no establece de manera expresa la obligación de crear un órgano constitucionalmente autónomo, los estándares internacionales de derechos humanos son de carácter evolutivo. “En consecuencia, resulta necesario que haya instituciones independientes que bajo criterios claros y objetivos de asignación puedan realizar la asignación del gasto de comunicación social. Ese criterio de independencia no lo cumple una secretaría de índole político como la Segob”, sentenció.

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Advierten además que la fiscalización ex post resulta insuficiente para prevenir el uso indebido, discrecional o discriminatorio de la publicidad oficial, pues la Auditoría Superior de la Federación revisa una vez que el gasto ya ha sido ejercido, lo que impide corregir asignaciones arbitrarias realizadas con anterioridad y deja sin protección efectiva a los medios de comunicación afectados en tiempo real.