La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la sentencia emitida por el primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito en materia penal el pasado 25 de agosto de 2025, que liberó a los dos principales responsables de la desaparición forzada de la defensora de derechos humanos, Claudia Uruchurtu Cruz, quien desapareció en 2021 en Nochixtlán, Oaxaca.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó una sentencia que había concedido el amparo a una persona por la desaparición forzada de la mujer defensora de derechos humanos y ordenó al tribunal colegiado emitir una nueva resolución conforme a estándares constitucionales y convencionales aplicables a este tipo de casos.
Junto con este fallo, los ministros determinaron que las personas juzgadoras tienen una obligación reforzada al analizar delitos de desaparición forzada, particularmente cuando las víctimas son mujeres defensoras de derechos humanos. En estos casos, los tribunales deben aplicar un enfoque diferencial con perspectiva de género e interseccional, que considere tanto el contexto de violencia estructural contra las mujeres como los riesgos agravados que enfrentan las personas defensoras por su labor.
🚨 #ÚltimaHora | La #SCJN fija criterios obligatorios para juzgar desaparición forzada de mujeres defensoras de derechos humanos.
— Suprema Corte (@SCJN) February 9, 2026
✅ El Pleno estableció que juzgar estos casos con perspectiva de género e interseccionalidad es una obligación, no una opción. Esto implica… pic.twitter.com/08rq9IrRk1
Durante la discusión, los ministros advirtieron que en el caso de Uruchurtu el tribunal colegiado omitió analizar la gravedad, complejidad y naturaleza del delito de desaparición forzada, así como el carácter de defensora de derechos humanos de la víctima.
Además, señaló que el órgano jurisdiccional se limitó a cuestionar la credibilidad de un testigo colaborador sin considerar el contexto del caso ni la validez de la prueba circunstancial, la cual resulta fundamental ante la clandestinidad que caracteriza este delito y las dificultades estructurales para obtener pruebas directas.
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Asimismo, sentenciaron que la desaparición forzada constituye una violación grave de derechos humanos marcada por la ocultación de información, el abuso de poder y la persistencia de sus efectos en el tiempo, lo que exige una intervención judicial integral. En ese sentido, el análisis del contexto (incluyendo el perfil de la víctima, su actividad como defensora, el entorno en que ocurrieron los hechos y los posibles móviles vinculados a su labor) es un elemento indispensable para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral.
