La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la narrativa que presentó al Seguro Popular como un modelo exitoso y expuso que heredó hospitales inconclusos, cobertura limitada de medicamentos y un sistema colapsado, frente a una estrategia actual que, dijo, prioriza infraestructura, prevención y trato digno.

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Desde Palacio Nacional, la mandataria aseguró que el Seguro Popular operó como un esquema de atención mínima para personas sin seguridad social, pero descansó en hospitales estatales marcados por corrupción, abandono y falta de recursos que impidieron su funcionamiento real.

Según la explicación presidencial, 90 hospitales financiados bajo ese esquema nunca brindaron atención efectiva, situación que obligó al gobierno federal posterior a concentrar esfuerzos en ponerlos en marcha, con 80 unidades ya en operación y sólo 10 pendientes.

Al revisar la infraestructura histórica del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sheinbaum señaló que durante décadas el crecimiento hospitalario resultó insuficiente, lo que provocó saturación crónica conforme aumentó la población sin que se ampliara la capacidad instalada.

Ese rezago, afirmó, contrasta con la expansión reciente de camas hospitalarias y la contratación de personal médico y de enfermería, lo que permite operar unidades que permanecieron cerradas y reducir la dependencia de servicios privados pagados con recursos públicos.

En materia de medicamentos, la mandataria afirmó que el Seguro Popular sólo cubrió un cuadro básico, mientras que el modelo vigente garantiza tratamientos completos definidos por protocolos médicos nacionales, incluidos fármacos oncológicos disponibles en centros públicos.

Sheinbaum también vinculó el colapso del sistema previo con el aumento de enfermedades crónicas derivadas de la mala alimentación y el sedentarismo promovidos durante décadas, lo que incrementó la demanda de servicios especializados como la hemodiálisis.

Finalmente, reconoció que persisten quejas sobre el trato al paciente, pero defendió que la mayoría del personal actuó con profesionalismo, mientras el gobierno impulsó programas de Trato Digno y herramientas tecnológicas para corregir prácticas deshumanizadas heredadas del proceso de privatización.