La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la postura del Partido Acción Nacional sobre la Ley Nacional de Aguas mostró desconocimiento del marco constitucional, pues el agua está definida desde 1917 como bien de la nación y no como propiedad privada de quienes poseen una concesión.
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Precisó que el régimen de concesiones no otorga dominio sobre el recurso, ya que solo permite el uso autorizado y supervisado por la autoridad federal, condición que desmonta el argumento panista sobre una supuesta amenaza al patrimonio de particulares.
La jefa del Ejecutivo destacó que quienes participan en política deben conocer la Constitución para evitar discursos que generen confusión y atribuyan a la nueva ley efectos que no existen en su contenido ni en su alcance.
La mandataria recordó que la propiedad de la tierra no implica dominio sobre el agua, por lo que la oposición confunde dos figuras jurídicas distintas y desinforma al sostener que la ley vulnera derechos patrimoniales.
La mandataria explicó que la nueva legislación no modifica concesiones vigentes, porque el objetivo central consiste en ordenar los títulos, transparentar cada cambio de uso y asegurar que la Comisión Nacional del Agua tenga información actualizada para administrar cuencas.
Señaló que durante años se vendieron tierras con concesiones destinadas al riego agrícola sin notificar a la Conagua, lo que provocó que desarrollos habitacionales omitieran pagos, ya que el uso agrícola no genera cobro y el uso residencial sí está sujeto a tarifa.
Sheinbaum recordó que esta omisión permitió que actores privados eludieran costos que correspondían al desarrollo urbano, mientras el Estado perdía capacidad de control sobre la distribución del recurso y enfrentaba rezagos en la recaudación por derechos de uso.
La jefa del Ejecutivo subrayó que la ley establece la obligación de informar cambios de uso para que la autoridad emita un nuevo título mediante un trámite expedito, con lo cual se garantiza certeza jurídica sin afectar derechos adquiridos.
Agregó que en distintos distritos de riego se registraron prácticas donde agricultores retenían concesiones, dejaban de sembrar y vendían el agua a municipios, generando pagos elevados a pequeños grupos pese a tratarse de un recurso nacional.
La mandataria enfatizó que el nuevo ordenamiento impide esas intermediaciones, porque quien deje de usar una concesión deberá devolverla a la Conagua, que será la encargada de reasignarla de manera directa al municipio o al sector productivo que la requiera.
La presidenta concluyó que la Ley Nacional de Aguas fortalece la transparencia en la gestión del recurso, ordena usos, corrige abusos y garantiza que el agua se administre con criterios colectivos, técnicos y constitucionales.
