El exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, será finalmente inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, operado por el Instituto Nacional Electoral (INE), por un plazo de 18 meses, lo que en el futuro le podría dificultar acceder a algún cargo de elección popular, puesto que tendrá ya antecedentes.

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La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó la impugnación del actual diputado federal y confirmó la resolución de la sala regional y sentó un precedente para la defensa de los derechos políticos de las mujeres.

La resolución establece que Blanco Bravo incurrió en violencia política de género contra la exdiputada Juanita Guerra Mena, en la vertiente de violencia simbólica.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2023, durante el desfile conmemorativo del CCXI Aniversario de la Gesta Heroica del Rompimiento del Sitio de Cuautla, en Morelos, al que la legisladora fue formalmente invitada. Sin embargo, se le impidió el acceso al palco principal, reservado para autoridades, a pesar de su calidad de representante popular.

Según el análisis de los magistrados, esta exclusión no fue casual ni fortuita, sino una acción simbólica y psicológica que buscó invisibilizar la participación política de Guerra Mena, lo que constituye violencia en razón de género.

Además de Blanco, también fue señalado Arturo Millán, entonces director general de logística y eventos del gobierno estatal, como responsable directo del acto excluyente. Ambos deberán ser inscritos por un año y seis meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), administrado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, ponente del caso, señaló que el poder institucional puede ser utilizado para limitar la visibilidad de mujeres en el ejercicio público, bajo dinámicas de discriminación estructural, lo que es inaceptable.

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La inclusión en el registro implica que los sancionados pueden quedar inhabilitados para participar en procesos electorales o en la designación de cargos públicos, según la legislación aplicable. Esto podría afectar la trayectoria política de Blanco, especialmente si decide contender en futuras elecciones, aunque no afecta su calidad de diputado federal.