En México parece que empezamos por el final a resolver los conflictos de seguridad. Tratamos de abordar los fenómenos en forma reactiva en lugar de analizar metodologías criminológicas para entender los fenómenos delictivos desde la perspectiva humana, social y legal.
Abordamos las causas sin comprobar que estas realmente derivan en la violencia y los homicidios; pensamos que los programas sociales terminarán con esta pandemia y lo comprueban con la disminución de las estadísticas de fallecidos.
La lógica del gobierno anterior y de este que inicia es que los programas sociales previenen y combaten a la delincuencia organizada. ¿Está comprobado desde una perspectiva criminológica? De ser así, ¿qué programas sociales son los directamente involucrados en la prevención y combate a este fenómeno global? ¿Qué experiencias internacionales nos señalan que funcionan?
No quisiera que se malinterpretara que los programas sociales son inútiles ni que la prevención no sirve, nada de eso; al contrario, siempre he dicho que una base de desarrollo humano sentará las bases de un capital social positivo que terminará en una óptima prevención integral. De hecho, aquí he escrito sobre la importancia de aplicar las cinco funciones de seguridad pública que bien mandata nuestra Carta Magna y que es la única estrategia útil para terminar con estas décadas de violencia nacional.
Terminé de leer el libro La droga, la verdadera historia del narcotráfico en México, de Benjamin T. Smith, quien arroja historias y datos inéditos sobre la delincuencia organizada contemporánea en nuestro país, que si bien es cierto surge antes de la década de los 20 del siglo pasado, se manifiesta en la posrevolución como estructuras criminales ordenadas, armadas, con control territorial y con gran capacidad corruptora ante autoridades e instituciones incipientes.
Es increíble, en la narrativa del libro, cómo el narcotráfico fue vinculando la policía a la política local y estatal para terminar creando empresas y permeando en la sociedad civil para crear una subcultura criminal.
¿Qué significado nos arroja lo anterior? Que tenemos más de 100 años bajo el yugo de la ineficiencia y corrupción institucional, además de estar gestando generaciones enteras de ciudadanos conformes con su poca o nula cultura de legalidad. En este contexto, entender las causas sin un diagnóstico profundo nos lleva a atacar los efectos con medidas investigativas y reactivas.
Nos hemos acostumbrado a prohibir en lugar de construir para prevenir; combatimos el narcotráfico como un fenómeno de seguridad en lugar de considerarlo un problema de salud pública; ahora pretendemos prohibir los corridos que enaltecen criminales en lugar de educar para evitar que los jóvenes aspiren a ocupar esos espacios con esas historias.
Será materialmente imposible, como ha sido la prohibición del alcohol, tabaco o cualquier sustancia controlada, el hacer lo mismo con la música vernácula que ha acompañado a la historia del país desde los inicios del México independiente con los famosos trovadores que iban entre poblados contando las historias de los amoríos, de los buenos y de los malos ciudadanos, de los libertadores, pero también de los bandidos salteadores de caminos, música que debe ser considerada así, solo música para ser escuchada y bailada como parte de la conformación histórica del país.
Lo realmente importante para México es la construcción de una sólida cultura de legalidad desde la primera infancia, considerar en los primeros estudios materias relacionadas con el civismo, convivencia ciudadana e integración familiar.
Aseguro que una juventud con bases robustas de educación y respeto no será reclutada por la delincuencia organizada ni será deslumbrada por corrido alguno, inclusive disfrutará de la música cual sea y como sea.
Bernardo Gómez del Campo. Asesor en seguridad integral.
@BGomezdelCampo
