Deberá Corte determinar si abre audiencias públicas por prisión preventiva

Con el cumplimiento de sentencia de la Corte Interamericana pendiente, los ministros acuerdan esperar a que haya proyectos listos



Foto: Cuartoscuro.com

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió una solicitud para que se convoque a una audiencia pública sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa, que debe resolver para acatar un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, determinó que la respuesta a esta petición se dará después de que se presenten los proyectos de las ministras asignadas a la resolución del expediente, para tener material sobre el cual debatir.

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La solicitud de audiencia pública sobre prisión preventiva oficiosa fue presentada por Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, víctimas del caso que motivó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México y que la Corte tiene que discutir.

García y Alpízar fueron acusados del asesinato de María de los Ángeles Tamés Pérez, regidora de Atizapán de Zaragoza, que fue asesinada a los 27 años, el 5 de septiembre de 2001.

Los acusados estuvieron más de 17 años en prisión preventiva sin sentencia y nunca se les comprobó su participación en el crimen, lo que fue considerado una violación grave a sus derechos humanos.

Posteriormente, García Rodríguez presentó un amparo directo para impugnar la sentencia de 35 años que se le dictó en 2023, tras haber obtenido libertad condicional en 2019.

La anterior Corte tenía listos los dictámenes sobre este tema, que proponía acatar la sentencia de la Corte Interamericana y adecuar la legislación mexicana, pero el Ejecutivo federal demandó posponer la resolución del caso hasta la llegada de la nueva Corte.

Por otro lado, en la sesión de este miércoles, la SCJN determinó darle la razón a una persona privada de su libertad, que solicitó que le entregaran copias de su expediente penal para conocer los detalles de su caso y poder defenderse, ya que ninguna autoridad a la que había acudido se las había brindado.

A propuesta del ministro Hugo Aguilar, se determinó que por estar en prisión, la persona enfrenta desventajas reales para acceder a la justicia y revisar su expediente, por lo que resulta necesario que las juezas y jueces responsables expidan y entreguen las copias solicitadas.