Foto: Cuartoscuro.com La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la aprobación de la nueva Ley de Aguas y denunció que distritos de riego y actores políticos buscan mantener privilegios que permitieron vender agua concesionada, lucrar con volúmenes no utilizados y bloquear el desarrollo de comunidades e industrias.
Denunció que distritos de riego obtienen ingresos cercanos a 300 millones de pesos anuales al vender a municipios agua concesionada para agricultura, pese a que no pagan por el uso del recurso y a que los volúmenes ni siquiera se destinan a cultivos, fenómeno que calificó como la expresión más clara del privilegio que se intenta perpetuar bajo la retórica de defender a los productores.
Sheinbaum afirmó que el país enfrenta los efectos de un modelo instaurado en 1992, cuando el agua se trató como mercancía, se abrió un mercado privado de concesiones y se permitió que el titular transfiriera su volumen a otro con solo avisar a Conagua, lo que derivó en sobreexplotación acelerada de cuerpos de agua y acuíferos.
La presidenta recordó que la Constitución de 1917 establece que el agua es propiedad de la nación y calificó como distorsión grave la creación de un mercado paralelo donde las concesiones se vendían a desarrolladores inmobiliarios, industrias o municipios sin criterios de equidad, sustentabilidad o justicia social, práctica que consideró insostenible y ajena a la visión constitucional.
Sheinbaum subrayó que la reforma no limita derechos agrarios ni sucesiones familiares y calificó de “ridículo” el argumento del priista Rubén Moreira, quien aseguró que un ejidatario no podría ceder el derecho de uso a sus hijos.
Aseguró que los derechos están garantizados y que lo único que se elimina es la venta especulativa y la transmisión privada que permitió acumular volúmenes enteros y bloquear perforaciones para familias sin acceso al agua, incluso en regiones con necesidad crítica.
El director general de Conagua, Efraín Morales López, afirmó que la nueva Ley de Aguas reconoce sistemas comunitarios, define competencias entre órdenes de gobierno y establece un ordenamiento que ve al agua como bien estratégico, no como mercancía.
Explicó que el Estado será el único facultado para otorgar concesiones, que se prohibirá la transferencia entre particulares y que se eliminarán los cambios discrecionales de uso, evitando reconversiones hacia desarrollos inmobiliarios, parques industriales o campos de golf sin supervisión.
Morales agregó que la reforma crea un Registro Nacional del Agua, fortalece procedimientos contra el robo del recurso, aumenta sanciones, y establece un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales para garantizar suministro en comunidades indígenas y regiones con vulnerabilidad hídrica.
