PATRICIA RAMIREZ
Foto: Cortesía @jufed_org
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) respaldó al juez Crescencio Contreras Martínez, contra quien se presentó una solicitud de juicio político en la Cámara de Diputados, y advirtió que esa figura jurídica no puede ser utilizada como un mecanismo al servicio del gobierno en turno para controlar o acechar al poder Judicial, porque ello constituye un atentado a la garantía de independencia judicial de las personas juzgadoras.
LEE ADEMÁS: ¿El 5 de febrero es día festivo? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
Y es que, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, presentó ante la secretaría general de la Cámara de Diputados, la solicitud de juicio político contra el juez, al que se le acusa de haber liberado a una persona relacionada con un caso de tráfico de drogas y posesión de armas.
Sin embargo, los jueces federales aseguraron que en los casos que ha resuelto el juzgador actuó única y exclusivamente basándose en los datos de prueba que obran en autos, sin tomar en consideración criterios políticos ni presiones externas.
“La decisión del juez está apegada a la ley y si fue favorable al imputado se debe a la deficiente investigación de la Fiscalía General de la República. No se puede pretender ganar en la opinión pública, lo que no se puede demostrar con eficiencia en las fases procesales”, puntualizó a través de un comunicado conjunto.
La Jufed insistió en que los argumentos y datos de prueba ofertados por la defensa desvirtuaron los datos de prueba que fundó la petición de la Fiscalía, pues el único indicio encontrado en el domicilio cateado fue una licencia de conducir que resultó falsa y la Fiscalía no recabó dato de prueba que corroborara su dicho.
“La Fiscalía ni de manera indiciaria acreditó una delincuencia organizada que tuviera ese propósito, el colaborar al fomento de delitos contra la salud; incluso que el investigado perteneciera a un grupo delincuencial; es decir, se alejó de su obligación a investigar cuando los hechos fueron puestos de su conocimiento desde marzo de 2023, sin que hasta la fecha hiciera acto de investigación novedoso al respecto”, sentenció.
Posicionamiento del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, a comunicado de la Secretaría de Gobernación.#BoletínInformativo #JUFED pic.twitter.com/tPlVCEinL7
— Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) January 31, 2024
En este sentido, la asociación enfatizó que es inexacta la información de la Secretaría de Gobernación, al señalar actos relacionados con delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, cohecho y vínculo al reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas. “Esto porque la formulación de imputación por parte de la Fiscalía únicamente fue por los ilícitos encontrados en el inmueble cateado (dos armas largas y 257.8 gramos de clorhidrato de cocaína)”, insistió.
“Se resolvió su situación jurídica, en la que no superó ni el estándar bajo que cuenta la representación social para vincular a proceso a una persona, violentando además actos de derechos fundamentales como debido proceso y principalmente el no tener derecho a una defensa adecuada, ya que no hubo comunicación alguna entre la defensa y el investigado”, concluyeron los jueces y magistrados.
