Paraíso, Tabasco, es un municipio de 96 mil personas. Carga un nombre que hoy suena irónico, pues lleva consigo una tragedia cotidiana.
Ahí opera la Refinería Olmeca, conocida como Dos Bocas, megaobra de López Obrador. Tras su inauguración, padres de familia denuncian que sus hijos presentan asma, alergias, sangrados nasales, náuseas y mareos.
Y es que las escuelas Agustín Melgar y Abías Domínguez Alejandro están cerca de instalaciones y mecheros. Reportes de prensa documentan evacuaciones por olores y episodios de gas.
Incluso, la directora del Hospital General de Paraíso informó del aumento de consultas por afectaciones respiratorias e intoxicaciones, con énfasis en menores de cinco años.
En enero pasado, monitoreos ciudadanos registraron 12 días de medición de partículas PM2.5 por arriba de la guía de la Organización Mundial de la Salud. Casi la mitad del mes.
Este infierno no empezó ahora. Arrancó con la destrucción de manglares, después vinieron las afectaciones mayores por inundaciones y el polvo constante de las obras. Pese a que padres de familia han exigido la reubicación de ambas escuelas, ni el gobierno federal ni el de Tabasco han dado solución.
UN PATRÓN CONOCIDO
La refinería Miguel Hidalgo en Tula, junto con la termoeléctrica y cementeras, deteriora la calidad del aire y del agua, provocando muerte de aves y aumento de cáncer, insuficiencia renal y padecimientos respiratorios, según habitantes y especialistas.
Aunque genera miles de empleos y recibe inversión para modernización, las afectaciones son mayores. Sus emisiones alcanzan la Ciudad de México y agravan su contaminación.
En Nuevo León, la zona metropolitana de Monterrey enfrenta altos niveles de partículas finas. Investigaciones académicas han vinculado incrementos de PM2.5 con mayor mortalidad respiratoria en menores de cinco años y en adultos mayores.
El gobierno estatal denunció ante la Fiscalía General de la República a la refinería de Cadereyta por emisiones. Reportajes documentaron la liberación de metales pesados como plomo y arsénico en zonas densamente pobladas.
En Petacalco, Guerrero, la carboeléctrica Plutarco Elías Calles ha sido señalada por emisiones de dióxido de azufre y partículas. Campañas de monitoreo reportaron eventos que podrían superar límites normativos. El Congreso local emitió exhortos para reconversión tecnológica. La planta sigue operando.
El Tren Maya también ha generado impactos ambientales documentados por organizaciones civiles. Informes de 2025 registran deforestación, perforaciones en sistema kárstico y afectaciones sociales.
La Secretaría de Medio Ambiente reconoció daños ecológicos y anunció planes de restauración a inicios de la gestión de Sheinbaum. Sin embargo, no se registran avances.
EN EL NOMBRE DEL PROGRESO
En todos estos casos, el discurso oficial prioriza inversión, empleo y autosuficiencia energética. La salud pública se deja para después. Estas obras se defienden con el argumento de que cumplen normas ambientales, tienen mesas de diálogo o hacen anuncios de estudios futuros. No existe una política de salud ni ambiental específica para estos proyectos.
Y frente a los discursos, la realidad choca de frente. Comunidades expuestas, hospitales con aumento de consultas por afecciones, cambios bruscos en el entorno y daños más severos por desastres naturales. El bienestar de la gente es un lema de gobierno, pero en el territorio van primero las obras estratégicas.
Paraíso resume esa contradicción. Un municipio que prometía desarrollo vive entre mecheros, partículas y miedo a morir. Del paraíso al infierno hay unos cuantos metros.
EL DATO INCÓMODO
Tras años estancado, el caso Lozoya avanza con la detención de su excontador por 28 millones de pesos en fraude fiscal. Tras la salida de Gertz Manero de la FGR, ¿ahora sí habrá sentencias por los sobornos millonarios de Odebrecht y Agronitrogenados?
