PATRICIA RAMÍREZ
Foto: Cuartoscuro
La consejería jurídica de la presidencia de la República le solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspender el análisis del llamado Plan B de la reforma electoral hasta desahogar las impugnaciones a la Ley General de Comunicación Social, que fueron presentadas desde 2018.
Explicó que a casi 5 años, las impugnaciones promovidas por senadores, CNDH y Movimiento Ciudadano contra esta ley no han sido resueltas por la SCJN.
Por ello, solicitó formalmente a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, que por orden de prelación y por seguridad jurídica, debe resolver primero sobre la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social (LGSC) el 11 de mayo de 2018, y luego se analice la validez de la reforma a dicha norma, aprobada en diciembre de 2022.
Precisó que la expedición de la LGCS fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 por las mayorías parlamentarias del PRI y el PAN, lo cual fue cuestionado por la entonces minoría en la Cámara de Senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el partido Movimiento Ciudadano, al considerar que existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones, según los accionantes, no son acordes con la Constitución federal.
Al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la SCJN consideró que la LGCS impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta; contrario a lo que ahora se resolvió respecto a la reforma a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022.
“Hasta la fecha, la SCJN no ha dictado sentencia definitiva a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde su impugnación en 2018″, insistió el área jurídica de presidencia.
Asimismo, detalló que está solicitud es con el propósito de evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México, por lo que “hace un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los poderes de la Unión”.