RITA MAGAÑA

Foto: Cuartoscuro

Senadores del PRI y PAN pidieron aclarar los alcances y los sustentos legales del supuesto acuerdo de colaboración en materia de seguridad entre Estados Unidos y el gobierno de Zacatecas.

Sin embargo, advirtieron que esa acuerdo enciende los “focos de alerta” por la operatividad que tendrían los agentes de la DEA y del FBI en el territorio nacional.

La reacción de los senadores se dio debido a una confusión sobre este entendimiento, pues aunque no se ha firmado ningún convenio de colaboración, el gobernador de la entidad, David Morenal, reconoció que sí ha tenido reuniones con el embajador de ese país en México, Ken Salazar.

Al respecto, la senadora por Zacatecas del PRI, Claudia Anaya, recordó que el marco constitucional no faculta a los estados a firmar acuerdos o convenios internacionales, los cuales necesariamente deben ser suscritos por el Ejecutivo federal y ratificados, en su caso, por el Senado.

Señaló que siempre y cuando esté suscrito en el marco de convenios previos avalados por el Senado, no tiene ningún problema.

“Es decir, si el senado ha firmado convenios de capacitación con otros países del mundo y una entidad de la República quiere llevar a cabo una capacitación, en ese tipo de cuestiones, no hay mayor problema”, precisó.

Sin embargo, dijo que en caso del supuesto acuerdo entre Estados Unidos y el gobierno de Zacatecas se encienden los “focos de alerta”, por los alcances operativos de agentes de la DEA y del FBI, en territorio zacatecano y por tanto nacional.

Mencionó que el problema es cuando cualquier entidad quiere excederse de los límites constitucionales o convencionales, en este caso en particular no hay un texto escrito que clarifique los límites y parámetros de actuación, que pretende hacer Estados Unidos en Zacatecas.

Indicó que por eso causa extrañeza y es donde se prenden las luces de alarma de que en el comunicado que externaron el embajador Ken Salazar y el gobernador David Monreal, hablaran de temas no solo de capacitación, sino de operatividad de funcionarios del FBI y de la DEA.

“Eso sí ya requiere de la intervención del gobierno federal según nuestra propia legislación, y por lo que externa el presidente de la República no hay conocimiento del gobierno federal, el tipo de convenio que se hizo en el estado”, subrayó.

Insistió que esto es lo que causa no solo extrañeza, sino también preocupación, “ojalá que a la brevedad se pueda tener un convenio escrito o, por lo menos, las especificaciones por escrito, a lo que se comprometieron el embajador y el gobernador de Zacatecas”.

De esa forma, agregó, se pueda analizar por el Senado para ver si es legal en nuestra Constitución y en las convenciones que han aprobado desde el Senado de la República.

En tanto, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, también se pronunció por aclarar en qué consistió el supuesto acuerdo, aunque consideró que si es para beneficio de la población y para mejorar la seguridad podría resultar positivo.

“Todos los convenios, estatales y nacionales con Estados Unidos o con cualquier otro país, deben de estar apegados a la legalidad, eso para nosotros es absolutamente indispensable”, afirmó.

Mencionó que si el convenio entre Estados Unidos y el gobierno de Zacatecas está apegado a la legalidad, por supuesto que ayuda al estado a tener un mejor presente y, sobre todo, un mejor futuro, “claramente lo estaremos acompañando”.