AIDA RAMÍREZ
Foto: Cortesía ejidatarios El Bajío
Ejidatarios de núcleo agrario “El Bajío” en Caborca, Sonora, solicitaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador; del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y del mismo Senado de la República, ante el despojo con violencia y en contubernio con autoridades del estado, del Poder Judicial, de la Minera Penmont, de las tierras donde se asienta una mina de oro y plata.
Abel Cruz López, Carmen Cruz Pérez y Erasmo Cruz López, titulares ejidales de los terrenos invadidos con el apoyo de grupos delictivos, afirmaron que en esa región de Sonora “se vive una emergencia contra el Estado de derecho donde con impunidad se despoja a los ciudadanos de sus propiedades, con amenazas de muerte”.
Acompañados de sus representantes legales, Rubén Olivares Chávez, Williardo Arturo de la Cruz, explicaron que estas acciones de despojo las encabeza Jesús Javier Thomas González, quien, aseguran, tiene vínculos de amistad con el actual gobernador de la entidad, Alfonso Durazo Montaño.
Señalaron que cuando la minera Penmont perdió el juicio con el ejido El Bajío, en 2011, apareció en la escena de despojo Rafael Pavlovich, tío de la actual ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich.
Con documentos apócrifos que el Registro Agrario Nacional (RAN) hizo válidos, trató de posesionarse de una parcela en el ejido, con lo que dio inicio a la persecución en contra de los ejidatarios dueños de esos terrenos.
“Existe un claro contubernio con la magistrada Alejandrina Gámez Rey, titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 28 con sede en Hermosillo, Sonora, y de común acuerdo con la persona moral de derecho privado denominada Minera Penmont”, acusaron.
Señalaron que todos ellos han actuado en contubernio con el núcleo agrario “El Bajío” del municipio de Caborca, para explotar y robar desde hace varios años el mineral, es decir oro y plata, que ahí se encuentra.
Expusieron que la minera Penmont, sigue ocupando y explotando de manera ilegal los dos polígonos, uno de mil 824 hectáreas y otro de 636 hectáreas.
“Solicitamos al presidente López Obrador, que en las próximas semanas visitará Sonora, que visite Caborca y pregunte sobre la grave situación en esta mina, donde de acuerdo a diversos testimonios, Javier de Jesús Thomas, está coludido con grupos armados que operan en la zona y que ha utilizado para apoderarse de nuestros predios”, dijeron los agraviados.
Exhortaron al Senado a vigilar la actuación de la magistrada Alejandrina Gámez Rey, “quien con complacencia de diversas autoridades municipales, estatales, se han encargado de obstaculizar la ejecución de las diversas sentencias para favorecer a los hoy denunciados”.
De evitar, también, la posesión de quienes tienen derecho a las tierras de uso común del ejido “El Bajío”, así como que les ha impedido gozar de sus beneficios.
Los denunciantes alertaron al presidente López Obrador, al secretario de Gobernación y al Senado, que con esta denuncia temen por su vida.
