Departamentos habitados sin permisos y obras sin cumplir con medidas de mitigación ambiental son parte de las irregularidades detectadas por la Comisión de Impacto Único del Gobierno de la Ciudad de México en nueve desarrollos de la empresa Be Grand, quien además ha promovido juicios para evadir sus obligaciones y seguirá bajo vigilancia oficial.

Día sin sombra 2025 México: ¿Cuándo y dónde y por qué ocurre este fenómeno?

Al advertir que mantendrá bajo vigilancia a la desarrolladora denunció que en el caso del desarrollo Downtown Insurgentes 700, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) realizó inspecciones los días 12 y 28 de marzo tras denuncias vecinales por una fuga de aguas residuales y se confirmó que el edificio no cuenta con un sistema funcional de captación y uso de agua pluvial y que el sistema de reúso opera de forma parcial y sin permisos.

En este sentido, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, advirtió que su administración denunciará públicamente a las desarrolladoras que incumplan con las normas ambientales y de urbanización.
La Comisión de Impacto Único del Gobierno de la Ciudad de México, argumentó que dentro de las facultades que tiene al revisar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa detectaron que no existen avances en el cumplimiento de las medidas impuestas para mitigar los impactos urbanos y ambientales en las zonas en donde se desarrollaron los proyectos.

Dijo que también se identificó que, en la mayoría de los casos, las viviendas de los proyectos se encuentran ocupadas, aún sin contar con los permisos correspondientes que deben otorgar las autoridades competentes una vez que se considera que han realizado las obras que se requirieron para mitigar el impacto de sus desarrollos.

Advirtió que el incumplimiento por parte de Be Grand en la implementación de las medidas de integración y mitigación urbana en sus desarrollos implica posibles daños al medio ambiente, riesgos sanitarios, impactos sociales y comunitarios, afectaciones al suministro de servicios básicos y problemas de vialidad, entre otros, lo que puede provocar que se vulneren los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en las zonas donde se ubican dichos proyectos inmobiliarios.