La diputada federal por Morena, Irma Juan Carlos, hizo un llamado para permitir la eutanasia en México, al señalar que el derecho a la vida y a la muerte digna está reconocido en la Constitución, pero no cuenta con aplicación efectiva.
Sostuvo que su propósito es impulsar una iniciativa que agrega un párrafo al artículo 4º constitucional para establecer que la eutanasia quedará permitida conforme a lo que determine la ley.
La legisladora plantea incorporar de manera explícita en la Constitución el derecho a una muerte digna y garantizar que las personas puedan solicitar la práctica de la eutanasia cuando así lo decidan.
El documento señala que, en México, el derecho a la muerte digna se reconoce únicamente en el ámbito de los cuidados paliativos y de la voluntad anticipada, sin incluir la eutanasia activa. Indica que, aunque existen avances en el respeto a la autonomía de pacientes con enfermedades terminales, persiste un vacío normativo que impide decidir el momento y la forma de morir.
La iniciativa retoma la definición de la Real Academia Española, que describe la eutanasia como la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura o como una muerte sin sufrimiento físico. También cita al diccionario Oxford Languages, que la define como el acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona con enfermedad incurable para evitarle sufrimiento.
El texto menciona que países como Bélgica, Luxemburgo y España han reconocido legalmente la eutanasia como parte del derecho a una muerte digna, en contraste, señala que en México esta práctica está prohibida, ya que el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud establece que “queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido”, remitiendo ambos casos a las disposiciones del Código Penal Federal.
Irma Juan Carlos expone que el país mantiene pendiente la aplicación práctica del derecho a la muerte digna, pese a que existen razones para integrarlo plenamente al sistema jurídico. Argumenta que permitir la eutanasia fortalecería un marco legal en el que las decisiones personales no dependan de criterios religiosos.
La legisladora señala que las enfermedades terminales generan dolor persistente, múltiples síntomas y complicaciones que afectan de manera considerable la calidad de vida de las personas.
Sostiene que el Congreso tiene la oportunidad de armonizar el principio de dignidad humana con la libertad individual para decidir sobre el final de la vida.
Finalmente, afirma que el reconocimiento constitucional debe traducirse en mecanismos legales que permitan ejercer este derecho de forma efectiva.
