La Cámara de Diputados envió un mensaje negativo a la sociedad al aprobar los incrementos a los impuestos especiales (IEPS) así como la creación de nuevos impuestos para diversos productos y servicios que se pagarán a partir de enero del 2026, como el 200% a los cigarros y el 30% a los refrescos, afirmó el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño).

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“Nos quedamos con mal sabor de boca, pues los legisladores –quienes dicen representar al pueblo-, ‘nos dieron atole con el dedo’ a las organizaciones empresariales, centros de estudio, trabajadores cooperativistas, cámaras gremiales que demostraron con datos y cifras que los incrementos propuestos al IEPS fomentarían la economía informal y el ambulantaje, pero nada fue tomado en cuenta”, acusó el presidente del organismo, Gerardo López Becerra.

Aseveró que el “impuesto saludable” que promueven los legisladores de Morena no existe, pues las verdaderas políticas de salud “se promueven con programas educativos e inversión en la infraestructura médica. Es vano que ahora nos digan que subirán los impuestos para que la población no consuma estos productos.

“Lo que vemos es una política recaudatoria neoliberal que afectará a más de un millón 200 mil establecimientos mercantiles -misceláneas, tiendas de abarrotes y mini-supers-, así como a sectores populares de la población”, dijo López Becerra.

Históricamente, señaló, el incremento en el impuesto a refrescos y bebidas azucaradas no ha impedido que éstos se consuman, sobre todo en zonas del país en donde el agua potable no llega con regularidad ni para labores de higiene, menos para consumo.

Mientras que, en torno a la comercialización del tabaco, “es otro fracaso. Aún hay quienes aseguran que el incremento en los precios de cigarro legal, normado y regulado provocará que el consumidor abandone el hábito que daña su salud”.

Pero advierte que hasta los pequeños comerciantes enfrentan una situación alarmante: “la extorsión por parte del crimen organizado para vender marcas específicas de cigarros ilegales. En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se estima que hasta 90% de las tienditas tradicionales son obligadas a comercializar productos controlados por grupos delictivos. El incremento de impuestos traerá consecuencias catastróficas“.